A
Riesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos y aclarar la competencia sin alterar el régimen de fondo.
A) Libertad anticipada: La Suprema Corte de Justicia, previo informe del Director del Establecimiento Penal, del Instituto Técnico Forense y del Fiscal de Corte, y siempre que se acredite un pronóstico favorable de reinserción social y que los Jueces no hayan pronunciado una medida de seguridad, podrá conceder la libertad anticipada, en los siguientes casos:
1. Si la condena es de penitenciaría, deberá el reo haber cumplido la mitad de la pena impuesta, computándose siempre un día de libertad por cada día de buena conducta debidamente acreditada.
2. Si la pena recaída es de prisión o multa, podrá concederse sea cual fuese el tiempo de reclusión sufrida.
B) Libertad condicional: Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reingreso a la cárcel mientras la Suprema Corte, previos los informes a que se refiere la primera parte de este artículo, resuelva de oficio si otorga o no la libertad condicional; a ese efecto el Juzgado respectivo elevará los autos inmediatamente de aprobada la liquidación de la pena.
La libertad condicional podrá ser otorgada cualquiera haya sido el tiempo de detención, y se revocará sólo por quebrantamiento de la vigilancia de la autoridad o por la mala conducta del liberado.
A favor
- Elimina un criterio vago y de difícil verificación objetiva.
- Mantiene la estructura y competencias vigentes, con bajo impacto normativo.
- Alinea la terminología con estándares de derechos humanos y de ejecución penal.
En contra
- No resuelve la ambigüedad sobre el rol de los Juzgados y la Suprema Corte.
- Sigue centralizando en la Suprema Corte la decisión de cada caso.
- No define cómo se acredita la buena conducta ni su vínculo con la progresividad penitenciaria.
Lo que marcó el crítico
- Reemplaza 'pruebas de corrección moral' por 'pronóstico favorable de reinserción social', pero no define quién ni con qué criterios lo determina: traslada la ambigüedad a otro término igualmente valorativo.
- No aclara la competencia: mantiene la atribución a la Suprema Corte y la referencia genérica a 'los Jueces', sin resolver el rol de los Juzgados ni el procedimiento.
- La exigencia de buena conducta 'debidamente acreditada' no remite a ningún régimen de progresividad ni a un mecanismo de control, por lo que sigue siendo inaplicable en la práctica.
B
Riesgo alto
Más punitiva: endurece los requisitos y restringe el acceso a la libertad anticipada y condicional.
A) Libertad anticipada: La Suprema Corte de Justicia, previo informe del Director del Establecimiento Penal, del Instituto Técnico Forense y del Fiscal de Corte, y siempre que se acredite un pronóstico favorable de reinserción social, que no exista reincidencia y que los Jueces no hayan pronunciado una medida de seguridad, podrá conceder la libertad anticipada, en los siguientes casos:
1. Si la condena es de penitenciaría, deberá el reo haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, computándose siempre un día de libertad por cada día de buena conducta debidamente acreditada.
2. Si la pena recaída es de prisión o multa, deberá el reo haber cumplido al menos la mitad de la pena impuesta.
B) Libertad condicional: Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reingreso a la cárcel mientras la Suprema Corte, previos los informes a que se refiere la primera parte de este artículo, resuelva de oficio si otorga o no la libertad condicional; a ese efecto el Juzgado respectivo elevará los autos inmediatamente de aprobada la liquidación de la pena.
La libertad condicional podrá ser otorgada sólo si el penado hubiere cumplido al menos la mitad de la pena, y se revocará por quebrantamiento de la vigilancia de la autoridad, por la mala conducta del liberado o por la comisión de un nuevo delito.
A favor
- Refuerza la seguridad pública y la confianza en la ejecución de la pena.
- Introduce criterios más objetivos y verificables para el acceso a los beneficios.
- Amplía las causales de revocación ante conductas graves.
En contra
- Puede agravar el hacinamiento carcelario y desincentivar la rehabilitación.
- Aumenta el tiempo de privación de libertad sin mejorar necesariamente la reinserción.
- Puede tensionar el principio de proporcionalidad y los estándares de derechos humanos sobre ejecución penal.
Lo que marcó el crítico
- Eleva el umbral de dos tercios en penitenciaría y exige la mitad en prisión o multa: puede tensionar el principio de proporcionalidad y el fin de reinserción (art. 26 Constitución y estándares de la Convención Americana sobre ejecución penal).
- Agrega 'que no exista reincidencia' sin definir reincidencia ni remitir al art. 48 y ss. del Código Penal: introduce una ambigüedad nueva y un requisito de dudosa constitucionalidad si opera como pena accesoria automática.
- Amplía la revocación por 'comisión de un nuevo delito' sin exigir sentencia firme: puede vulnerar la presunción de inocencia (art. 12 Constitución y art. 8 CADH) si se revoca antes de condena firme.
C
Riesgo medio
Más orientada a la rehabilitación y garantías: descentraliza la decisión, refuerza el control judicial y prioriza la reinserción social.
A) Libertad anticipada: El Juez de Ejecución Penal, previo informe del Director del Establecimiento Penal, del Instituto Técnico Forense y del Fiscal de Corte, y siempre que se acredite un pronóstico favorable de reinserción social y que no se haya pronunciado una medida de seguridad, podrá conceder la libertad anticipada, en los siguientes casos:
1. Si la condena es de penitenciaría, deberá el reo haber cumplido la mitad de la pena impuesta, computándose siempre un día de libertad por cada día de buena conducta debidamente acreditada conforme al régimen de progresividad penitenciaria.
2. Si la pena recaída es de prisión o multa, podrá concederse sea cual fuese el tiempo de reclusión sufrida.
B) Libertad condicional: Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reingreso a la cárcel mientras el Juez de Ejecución Penal, previos los informes a que se refiere la primera parte de este artículo, resuelva de oficio si otorga o no la libertad condicional; a ese efecto el Juzgado respectivo elevará los autos inmediatamente de aprobada la liquidación de la pena.
La libertad condicional podrá ser otorgada cualquiera haya sido el tiempo de detención, y se revocará sólo por quebrantamiento de la vigilancia de la autoridad o por la mala conducta del liberado, previa resolución fundada del Juez de Ejecución Penal.
A favor
- Acelera y descentraliza la decisión, con mayor cercanía al caso concreto.
- Refuerza el control judicial y la motivación de las resoluciones.
- Alinea la norma con criterios de reinserción social y con la normativa de ejecución penal.
En contra
- Requiere una estructura judicial de ejecución penal consolidada.
- Puede generar disparidad de criterios entre juzgados si no hay pautas uniformes.
- Implica una reforma organizativa y de competencias de mayor alcance.
Lo que marcó el crítico
- Traslada la competencia de la Suprema Corte al 'Juez de Ejecución Penal', figura que debe verificarse si existe y está regulada en el ordenamiento uruguayo; si no existe, la norma queda inaplicable.
- La remisión al 'régimen de progresividad penitenciaria' exige verificar que dicho régimen esté efectivamente regulado y sea compatible con el cómputo de un día por día de buena conducta.
- Exigir 'resolución fundada' para la revocación es más garantista, pero no define el procedimiento ni el derecho a defensa del liberado, lo que puede generar ambigüedad.