A
Riesgo bajo
Mínimo cambio: actualizar la terminología obsoleta y precisar el numeral 6 para que solo alcance actos de fuerza o violencia, sin agregar ni quitar conductas.
Será castigado con diez a treinta años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación absoluta:
1. (Atentado contra la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado). El ciudadano que ejecutare actos directos para someter el territorio nacional o una parte de él a la soberanía de un Gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado.
2. (Servicios militares o políticos prestados a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay). El ciudadano que tomare las armas o prestare servicios de carácter militar o político a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay, o secundase sus planes con suministro de elementos bélicos o con dinero.
3. (Revelación de secretos). El ciudadano que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, o facilitare su conocimiento.
4. (Inteligencia con el extranjero con fines de guerra). El ciudadano que mantuviera inteligencias con un Gobierno extranjero con el fin de lanzarlo a la guerra o a ejecutar actos de hostilidad contra la República, o cometiere otros hechos directamente encaminados al mismo fin.
5. (Sabotaje de construcciones y pertrechos de guerra). El ciudadano que, en connivencia con un Gobierno extranjero, o con el objeto de secundar sus planes, destruyere o inutilizare naves, aeroplanos, puertos, vías férreas, fortalezas, arsenales o pertrechos de guerra destinados a la defensa del Estado.
6. (Atentado contra la Constitución). El ciudadano que, mediante el empleo de fuerza, violencia o intimidación, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de Gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno.
A favor
- Mejora la legalidad típica del numeral 6 al exigir un elemento de fuerza o violencia verificable.
- Reduce el riesgo de que la norma se aplique a conductas de expresión o participación política amparadas por los arts. 29 y 38 de la Constitución.
- No altera la estructura ni las penas del artículo, por lo que es compatible con el resto del Código.
En contra
- Sigue sin definirse 'secretos políticos o militares' en el numeral 3, lo que mantiene cierta inseguridad jurídica.
- La expresión 'medios no admitidos por el Derecho Público interno' conserva ambigüedad residual.
- No revisa la proporcionalidad de la pena de hasta treinta años.
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'mínimo cambio' es correcta: solo modifica el numeral 6 y no altera penas ni los demás numerales.
- Persiste la ambigüedad de 'medios no admitidos por el Derecho Público interno', que ahora queda como cláusula residual dentro de un tipo que exige fuerza o violencia; conviene aclarar si esa expresión sigue cumpliendo función típica o es redundante.
- El numeral 3 sigue sin definir 'secretos políticos o militares', lo que mantiene el riesgo de inseguridad jurídica y posible choque con el art. 29 de la Constitución (libertad de expresión) si se aplica a información de interés público.
B
Riesgo alto
Más punitiva: mantener la amplitud del numeral 6 y agravar la respuesta penal, incorporando expresamente la tentativa y la conspiración.
Será castigado con quince a treinta años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación absoluta:
1. (Atentado contra la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado). El ciudadano que ejecutare actos directos para someter el territorio nacional o una parte de él a la soberanía de un Gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado.
2. (Servicios militares o políticos prestados a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay). El ciudadano que tomare las armas o prestare servicios de carácter militar o político a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay, o secundase sus planes con suministro de elementos bélicos o con dinero.
3. (Revelación de secretos). El ciudadano que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, o facilitare su conocimiento.
4. (Inteligencia con el extranjero con fines de guerra). El ciudadano que mantuviera inteligencias con un Gobierno extranjero con el fin de lanzarlo a la guerra o a ejecutar actos de hostilidad contra la República, o cometiere otros hechos directamente encaminados al mismo fin.
5. (Sabotaje de construcciones y pertrechos de guerra). El ciudadano que, en connivencia con un Gobierno extranjero, o con el objeto de secundar sus planes, destruyere o inutilizare naves, aeroplanos, puertos, vías férreas, fortalezas, arsenales o pertrechos de guerra destinados a la defensa del Estado.
6. (Atentado contra la Constitución). El ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de Gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno. La tentativa y la conspiración para la comisión de los hechos previstos en este artículo se castigarán con la pena de diez a veinte años de penitenciaría.
A favor
- Refuerza la protección de la seguridad del Estado frente a amenazas graves.
- Da respuesta penal explícita a actos preparatorios que hoy pueden quedar impunes.
- Mantiene la continuidad con la tradición del Código Penal uruguayo en materia de traición.
En contra
- Agrava el riesgo de afectación a la libertad de expresión y a la participación política por la amplitud del numeral 6.
- El aumento del mínimo puede chocar con el principio de proporcionalidad y con los estándares de DD.HH. citados en la comparación.
- La tipificación autónoma de la conspiración amplía el adelantamiento de la barrera penal sin definir con precisión las conductas.
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'más punitiva' es correcta en cuanto a penas, pero el texto mantiene la fórmula amplia 'por actos directos' del numeral 6, lo que agrava el riesgo de afectación a la libertad de expresión y a la participación política (arts. 29 y 38 de la Constitución; art. 13 de la Convención Americana).
- Elevar el mínimo a quince años para todas las conductas, incluidas la revelación de secretos, puede vulnerar el principio de proporcionalidad (art. 7 y 26 de la Constitución; art. 5 de la Convención Americana).
- La tipificación autónoma de la conspiración con pena de diez a veinte años adelanta la barrera penal sin definir con precisión los actos preparatorios, lo que puede chocar con el principio de legalidad (art. 10 de la Constitución) y con el art. 9 de la Convención Americana.
C
Riesgo medio
Más garantista: acotar el numeral 6 a actos de fuerza, definir los secretos protegidos y reducir la pena máxima, incorporando criterios de proporcionalidad.
Será castigado con cinco a veinte años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación absoluta:
1. (Atentado contra la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado). El ciudadano que ejecutare actos directos para someter el territorio nacional o una parte de él a la soberanía de un Gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado.
2. (Servicios militares o políticos prestados a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay). El ciudadano que tomare las armas o prestare servicios de carácter militar o político a un Estado extranjero en guerra con el Uruguay, o secundase sus planes con suministro de elementos bélicos o con dinero.
3. (Revelación de secretos). El ciudadano que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, o facilitare su conocimiento. Se entiende por secreto político o militar toda información clasificada como tal por autoridad competente conforme a la ley, cuya divulgación pueda comprometer la defensa nacional. No constituye delito la revelación de información sobre violaciones de derechos humanos ni la que se realice en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.
4. (Inteligencia con el extranjero con fines de guerra). El ciudadano que mantuviera inteligencias con un Gobierno extranjero con el fin de lanzarlo a la guerra o a ejecutar actos de hostilidad contra la República, o cometiere otros hechos directamente encaminados al mismo fin.
5. (Sabotaje de construcciones y pertrechos de guerra). El ciudadano que, en connivencia con un Gobierno extranjero, o con el objeto de secundar sus planes, destruyere o inutilizare naves, aeroplanos, puertos, vías férreas, fortalezas, arsenales o pertrechos de guerra destinados a la defensa del Estado.
6. (Atentado contra la Constitución). El ciudadano que, mediante el empleo de fuerza, violencia o intimidación, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de Gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno.
A favor
- Alinea la pena con el principio de proporcionalidad y con la escala general del Código Penal.
- Otorga mayor seguridad jurídica al definir los secretos protegidos y al acotar el numeral 6.
- Refuerza la compatibilidad con los arts. 29 y 38 de la Constitución y con los tratados de DD.HH. ratificados por Uruguay.
En contra
- La reducción de la pena máxima puede ser percibida como una señal de menor protección frente a delitos de máxima gravedad institucional.
- La definición de secretos por remisión a la ley de clasificación puede generar discusión sobre su aplicación inmediata.
- La exclusión por revelación de violaciones de DD.HH. requiere coordinación con otras normas del ordenamiento.
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'más garantista' es correcta: en todos los supuestos relevantes el texto es igual o más restrictivo que el vigente, no más permisivo.
- La remisión a 'información clasificada como tal por autoridad competente conforme a la ley' puede delegar en la ley ordinaria la definición del bien jurídico protegido; conviene precisar que la clasificación no puede ser arbitraria y debe respetar el principio de legalidad (art. 10 de la Constitución).
- La exclusión de revelación de información sobre violaciones de DD.HH. es plausible pero requiere coordinación con normas sobre secretos oficiales y con el derecho de acceso a la información pública; sin esa coordinación puede quedar como cláusula programática.