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Artículo 173-TER · Agravio a la autoridad policial
Generado por IA · pendiente de revisión legal
Texto vigente
«(Agravio a la autoridad policial).- El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión. No serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial. Son circunstancias agravantes para este delito y ameritan la imposición de un guarismo punitivo superior a la mitad de la pena: 1. Que la conducta descripta se ejercite por tres o más personas. 2. Que la conducta descripta se ejecute contra un número plural de funcionarios. 3. La elevación jerárquica del funcionario ofendido. 4. Que la conducta descripta se realice en las inmediaciones de la sede donde el funcionario presta servicio habitualmente o del domicilio del mismo. Es circunstancia atenuante, la retractación del ofensor, aceptada por el funcionario en cuestión, manifestada y asentada en audiencia. (*)»
El artículo fue incorporado por la Ley de Urgente Consideración (Ley 19.889 de 2020) y ha sido objeto de debate público por su posible impacto sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta; su aplicación práctica exige delimitar con precisión las conductas castigadas para no afectar derechos constitucionales.
Diagnóstico del analista: Revisar
Tipifica el agravio y obstaculización a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones, con pena de tres a dieciocho meses de prisión, agravantes por número de personas, pluralidad de funcionarios, jerarquía y lugar, y una atenuante por retractación aceptada.
El verbo 'agraviar' junto con 'atentar' y 'obstaculizar' es muy amplio y puede solaparse con delitos ya previstos (amenazas, injurias, desacato), generando dudas sobre el bien jurídico protegido y el alcance de la conducta típica.
La expresión 'mera protesta ante la acción policial' no está definida; su delimitación frente a conductas castigadas queda librada a interpretación judicial, con riesgo de afectar el derecho a la reunión y expresión (arts. 38 y 39 de la Constitución).
La cláusula que excluye 'el ejercicio de la libertad de prensa' como conducta no castigada es redundante y potencialmente confusa: la libertad de prensa no es una conducta típica, por lo que la exclusión no aporta un límite claro al tipo penal.
La agravante por 'elevación jerárquica del funcionario ofendido' no establece escala ni criterio objetivo, lo que puede derivar en desigualdad de trato según el rango del funcionario.
La atenuante de retractación requiere aceptación del funcionario ofendido, lo que condiciona la respuesta penal a la voluntad de la víctima-funcionario y puede generar desigualdad en la aplicación.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo alto
Mínimo cambio: mantener el texto vigente sin modificaciones.
(Agravio a la autoridad policial).- El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión.
No serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial.
Son circunstancias agravantes para este delito y ameritan la imposición de un guarismo punitivo superior a la mitad de la pena:
1. Que la conducta descripta se ejercite por tres o más personas.
2. Que la conducta descripta se ejecute contra un número plural de funcionarios.
3. La elevación jerárquica del funcionario ofendido.
4. Que la conducta descripta se realice en las inmediaciones de la sede donde el funcionario presta servicio habitualmente o del domicilio del mismo.
Es circunstancia atenuante, la retractación del ofensor, aceptada por el funcionario en cuestión, manifestada y asentada en audiencia.
A favor
Preserva la redacción sancionada por el Parlamento en 2020 y su interpretación jurisprudencial acumulada.
Evita abrir un nuevo debate legislativo sobre un tema políticamente sensible.
No genera vacíos de punibilidad ni incertidumbre sobre la vigencia de la norma.
En contra
Mantiene los verbos abiertos ('agraviar', 'atentar', 'obstaculizar', 'insultar') que pueden solaparse con amenazas, injurias y desacato, con riesgo de afectar los arts. 38 y 39 de la Constitución y el art. 13 de la Convención Americana.
La expresión 'mera protesta ante la acción policial' sigue sin definición, con el límite librado a interpretación judicial.
La cláusula sobre libertad de prensa es redundante y no aporta un límite claro al tipo penal.
La agravante por 'elevación jerárquica' carece de criterio objetivo y puede generar desigualdad de trato (art. 8 de la Constitución).
La atenuante condicionada a la aceptación del funcionario ofendido hace depender la respuesta penal de la voluntad de la víctima-funcionario, con riesgo de aplicación desigual.
Lo que marcó el crítico
Mantiene verbos típicos abiertos ('agraviar', 'atentar', 'obstaculizar', 'insultar') que se solapan con amenazas, injurias y desacato, con riesgo de afectar los arts. 38 y 39 de la Constitución y el art. 13 de la Convención Americana.
La expresión 'mera protesta ante la acción policial' no está definida; el límite entre protesta excluida y conducta típica queda librado a interpretación judicial, con riesgo sobre el derecho de reunión y expresión.
La cláusula que excluye 'el ejercicio de la libertad de prensa' es redundante y no aporta un límite claro al tipo penal.
BRiesgo alto
Más punitiva: amplía el alcance de las conductas castigadas y eleva las penas, con agravantes más severas y sin atenuante de retractación.
(Agravio a la autoridad policial).- El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión.
No serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta pacífica ante la acción policial, entendida como manifestación pública sin violencia ni intimidación.
Son circunstancias agravantes para este delito y ameritan la imposición de un guarismo punitivo superior a la mitad de la pena:
1. Que la conducta descripta se ejercite por tres o más personas.
2. Que la conducta descripta se ejecute contra un número plural de funcionarios.
3. Que el funcionario ofendido sea de rango superior al de agente.
4. Que la conducta descripta se realice en las inmediaciones de la sede donde el funcionario presta servicio habitualmente o del domicilio del mismo.
5. Que el autor porte elementos que puedan ser utilizados como armas u objetos contundentes.
A favor
Define con mayor precisión la 'mera protesta pacífica', acotando la zona de exclusión del tipo penal.
Objetiva la agravante por jerarquía al referirla a un rango concreto, reduciendo la discrecionalidad judicial.
Envía una señal de mayor protección a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones.
En contra
Eleva la pena sin justificación explícita de proporcionalidad frente a otros delitos del Código Penal; puede tensionar con el art. 26 de la Constitución.
Mantiene los verbos abiertos ('agraviar', 'atentar', 'insultar') y agrega una agravante por portación de elementos que 'puedan ser utilizados como armas u objetos contundentes', sumamente vaga, que podría criminalizar la protesta pacífica con objetos cotidianos (mochilas, carteles, paraguas).
La definición de la agravante por jerarquía sigue sin escala clara y puede chocar con el principio de igualdad ante la ley (art. 8 de la Constitución).
Suprime la atenuante de retractación, lo que reduce incentivos a la reparación y puede tensionar con criterios de rehabilitación (art. 26 de la Constitución).
Al mantener el tipo amplio, no resuelve el riesgo de afectación de la libertad de expresión y reunión (arts. 38 y 39 de la Constitución).
Lo que marcó el crítico
Eleva la pena de tres a dieciocho meses a seis a veinticuatro meses sin justificación explícita de proporcionalidad frente a otros delitos del Código Penal; puede tensionar con el art. 26 de la Constitución.
Mantiene los verbos abiertos ('agraviar', 'atentar', 'insultar') y no resuelve el riesgo de afectación de la libertad de expresión y reunión (arts. 38 y 39 de la Constitución y art. 13 de la Convención Americana).
La nueva agravante por portar 'elementos que puedan ser utilizados como armas u objetos contundentes' es sumamente vaga y podría criminalizar la protesta pacífica con objetos cotidianos (mochilas, carteles, paraguas), con riesgo de arbitrariedad.
CRiesgo medio
Más garantista: restringe el tipo penal a conductas de obstaculización mediante violencia o intimidación y excluye expresamente el agravio verbal y la crítica a la actuación policial.
(Agravio a la autoridad policial).- El que obstaculice mediante violencia o intimidación a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a doce meses de prisión.
No serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa, la crítica a la actuación policial ni la mera protesta pacífica ante la acción policial, entendida como manifestación pública sin violencia ni intimidación.
Son circunstancias agravantes para este delito y ameritan la imposición de un guarismo punitivo superior a la mitad de la pena:
1. Que la conducta descripta se ejercite por tres o más personas.
2. Que la conducta descripta se ejecute contra un número plural de funcionarios.
3. Que la conducta descripta se realice en las inmediaciones de la sede donde el funcionario presta servicio habitualmente o del domicilio del mismo.
Es circunstancia atenuante, la retractación del ofensor, manifestada y asentada en audiencia.
A favor
Acota el tipo penal a conductas de entidad suficiente (violencia o intimidación), reduciendo el riesgo de afectación de la libertad de expresión y reunión (arts. 38 y 39 de la Constitución y art. 13 de la Convención Americana).
Excluye expresamente la crítica a la actuación policial, en línea con la tendencia comparada (España, Argentina, Chile, Brasil) a no criminalizar la crítica a funcionarios.
Elimina la agravante por jerarquía, evitando desigualdad de trato según el rango del funcionario (art. 8 de la Constitución).
Desvincula la atenuante de retractación de la aceptación del funcionario, reduciendo la desigualdad en su aplicación.
En contra
Deja sin sanción penal autónoma el agravio verbal y las amenazas no violentas contra la policía, que podrían quedar cubiertas por otros tipos (amenazas, injurias), pero genera un posible vacío si no se coordina con esas normas.
La reducción del máximo a doce meses puede plantear dudas de proporcionalidad frente a conductas violentas contra la autoridad.
La definición de 'mera protesta pacífica' como 'manifestación pública sin violencia ni intimidación' deja 'intimidación' como concepto abierto que puede interpretarse de forma amplia.
Requiere revisar la coordinación con los delitos de amenazas e injurias del Código Penal para evitar lagunas de punibilidad.
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'más garantista' es correcta en general, pero conviene precisar que en los supuestos de agravio verbal, amenaza no violenta y arrojar objetos sin violencia ni intimidación la alternativa es más permisiva que el texto vigente: deja de castigar esas conductas como tipo autónomo. No es un error de etiqueta, pero debe explicitarse que se desincrimina.
Deja sin sanción penal autónoma el agravio verbal y las amenazas no violentas contra la policía; si no se coordina con los tipos de amenazas e injurias del Código Penal, puede generar un vacío de punibilidad.
La reducción del máximo a doce meses puede plantear dudas de proporcionalidad frente a conductas violentas contra la autoridad.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto de alternativas cubre razonablemente las tres posturas (mantener, más punitiva, más garantista), pero la alternativa B acumula varios problemas técnicos (agravante vaga por portación de objetos, elevación de pena sin justificación) que la hacen aparecer como la más débil, mientras que la C está redactada con mayor cuidado técnico. Eso puede inclinar la comparación hacia el lado garantista más por calidad de redacción que por el fondo de las posturas.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
El Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995) tipifica en el art. 550 el 'atentado' contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, que exige acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa grave; la simple injuria o desobediencia se castiga por vías distintas (arts. 556 y 634, este último como falta de respeto leve). La mera protesta pacífica no integra el tipo. verificar
Argentina
El Código Penal argentino (Ley 11.179) regula en el art. 239 la 'resistencia o desobediencia a la autoridad' (pena de arresto de quince días a un año) y en los arts. 244 y 245 el atentado y la resistencia contra funcionarios; las injurias y amenazas se rigen por los arts. 109, 110 y 149 bis. No existe un tipo autónomo de 'agravio a la autoridad policial' con la amplitud del uruguayo. verificar
Chile
El Código Penal chileno sanciona en el art. 416 el 'desacato' y en el art. 261 las injurias y calumnias contra funcionarios; el art. 268 bis castiga la falta de respeto a la autoridad. La Ley 20.730 y la jurisprudencia han ido acotando el desacato por su tensión con la libertad de expresión (art. 19 N°12 de la Constitución). verificar
Brasil
El Código Penal brasileño (Decreto-Ley 2.848/1940) tipifica en el art. 331 el 'desacato' (desacatar funcionário público no exercício da função) y en el art. 329 la 'resistência'. El Supremo Tribunal Federal, en la ADPF 496 (2020), declaró incompatible el art. 331 con la Constitución en cuanto criminaliza la crítica a funcionarios, por afectar la libertad de expresión (art. 5, IV y IX). verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.