A
Riesgo bajo
Mínimo cambio: precisar la redacción sin alterar el contenido ni la escala penal
(Ofrecimiento comercial o venta de substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas) El que pusiere en el comercio, o expendiere substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, incluida la desnaturalización por la acción del tiempo, con o sin lesión efectiva a la vida o a la integridad física, será castigado con seis meses de prisión a diez años de penitenciaría.
A favor
- Mejora la claridad del tipo penal sin ampliar ni restringir su alcance
- Mantiene la redacción histórica y la jurisprudencia existente
- Corrige una fórmula confusa que podía generar dudas interpretativas
En contra
- No resuelve el problema de la amplitud de la escala penal
- La referencia a 'la acción del tiempo' sigue siendo una circunstancia de difícil prueba
Lo que marcó el crítico
- La aclaración 'incluida la desnaturalización por la acción del tiempo' no elimina del todo la ambigüedad: sigue sin precisarse si la acción del tiempo es un modo de desnaturalización o una circunstancia adicional del tipo.
- La corrección de 'lesión efectiva del derecho, a la vida o a la integridad física' por 'lesión efectiva a la vida o a la integridad física' mejora la redacción, pero no aclara si el tipo exige peligro concreto o se satisface con peligro abstracto; la fórmula 'con o sin lesión efectiva' mantiene esa indefinición.
- No aborda la amplitud de la escala penal (seis meses a diez años), que sigue planteando problemas de proporcionalidad y de determinación judicial de la pena.
B
Riesgo alto
Más punitiva: agravar la pena y distinguir según el resultado lesivo para la salud
(Ofrecimiento comercial o venta de substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas) El que pusiere en el comercio, o expendiere substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, incluida la desnaturalización por la acción del tiempo, será castigado con dos años de prisión a diez años de penitenciaría. Si de ello resultare un daño efectivo a la vida o a la integridad física de una o más personas, la pena será de cuatro a quince años de penitenciaría. Si el hecho se realizare con ánimo de lucro o en el marco de una actividad comercial organizada, la pena mínima se elevará en un tercio.
A favor
- Refuerza la protección de la salud pública frente a conductas especialmente riesgosas
- Diferencia la pena según la gravedad del resultado, mejorando la proporcionalidad
- Alinea la respuesta penal con la de países como Argentina y Brasil en casos agravados
En contra
- Aumenta la población carcelaria y el costo del sistema penitenciario
- Puede afectar a pequeños comerciantes o manipuladores de buena fe sin distinguir su rol
- El mínimo de dos años dificulta salidas alternativas o suspensión de la pena
Lo que marcó el crítico
- El mínimo de dos años de prisión puede chocar con el principio de proporcionalidad (arts. 7 y 26 de la Constitución) si se aplica a conductas de escaso riesgo o a pequeños comerciantes, y dificulta salidas alternativas o suspensión condicional de la pena.
- La agravante por 'ánimo de lucro' es problemática: el tipo básico ya supone una actividad comercial o de expendio, por lo que el ánimo de lucro suele estar implícito; elevarla como agravante puede generar doble valoración de la misma circunstancia y vulnerar el principio non bis in idem.
- La agravante por 'actividad comercial organizada' es ambigua: no define qué se entiende por organizada (¿pluralidad de personas?, ¿estructura?, ¿habitualidad?), lo que afecta la legalidad y la determinación de la pena.
C
Riesgo medio
Más garantista y rehabilitadora: reducir la escala penal, exigir peligro concreto y priorizar sanciones no privativas de libertad
(Ofrecimiento comercial o venta de substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas) El que pusiere en el comercio, o expendiere substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, incluida la desnaturalización por la acción del tiempo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, siempre que las substancias sean idóneas para producir un peligro concreto para la salud. Si el hecho se realizare por imprudencia o negligencia en el control de la calidad de los productos, la pena se reducirá a la mitad. El juez podrá sustituir la pena de prisión por trabajos comunitarios o multa cuando el autor no registre antecedentes penales y repare el daño.
A favor
- Mejora la proporcionalidad de la pena y reduce el uso de la prisión preventiva y efectiva
- Exige un peligro concreto, evitando condenas por conductas meramente formales o de escaso riesgo
- Favorece la reinserción y la reparación del daño, en línea con estándares de DD.HH.
- Distingue entre conductas dolosas y negligentes, evitando penas desproporcionadas para pequeños comerciantes
En contra
- Puede ser percibida como una señal de menor protección frente a delitos que afectan la salud pública
- La exigencia de peligro concreto puede dificultar la persecución de conductas anticipadas o de riesgo abstracto
- La sustitución por penas no privativas puede generar resistencia en sectores que reclaman mayor severidad
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'más garantista' es correcta en cuanto a la reducción de pena y a las salidas alternativas, pero la alternativa es más permisiva que el texto vigente en el supuesto de sustancias peligrosas sin peligro concreto: el vigente castiga 'con o sin lesión efectiva', mientras que esta exige idoneidad para peligro concreto. Eso es un cambio de fondo, no solo de garantías, y debe explicitarse como desincriminación parcial.
- La exigencia de 'peligro concreto' puede dejar impunes conductas de riesgo abstracto (por ejemplo, poner en el comercio sustancias adulteradas antes de que se acredite peligro concreto), lo que puede chocar con el deber estatal de protección de la salud (art. 44 de la Constitución y tratados de DD.HH., como el derecho a la salud del PIDESC).
- La reducción a la mitad para imprudencia o negligencia es problemática: el Código Penal uruguayo, en general, solo castiga la imprudencia cuando la ley lo prevé expresamente; si el tipo básico es doloso, introducir una figura imprudente requiere una cláusula clara y puede generar dudas sobre si se está creando un delito culposo autónomo.