Aviso: las propuestas las generan agentes de IA y están
pendientes de revisión legal. No es un proyecto partidario ni reemplaza al Parlamento ni al voto.
«(Rapto de mujer soltera mayor de dieciocho años, viuda o divorciada honesta) El que, con violencias, amenazas o engaños, sustrajere o retuviere, para satisfacer una pasión carnal o contraer matrimonio, a una mujer soltera, mayor de dieciocho años, a una viuda o a una divorciada, honestas, cualquiera fuera su edad, será castigado con pena de doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.»
El artículo mantiene una tipificación decimonónica que trata a la mujer como sujeto protegido en función de su estado civil y 'honestidad', en tensión con los estándares de derechos humanos y con la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres. Su revisión es parte del debate más amplio sobre actualización del Código Penal en materia de delitos sexuales.
Diagnóstico del analista: Revisar
Tipifica el rapto de una mujer soltera mayor de dieciocho años, viuda o divorciada 'honesta', mediante violencias, amenazas o engaños, para satisfacer una pasión carnal o contraer matrimonio, con pena de doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
La norma está redactada solo para sujeto pasivo mujer ('a una mujer soltera... viuda o divorciada') y apela a la categoría de 'honestidad' de la víctima, criterio moralizante y discriminatorio que no tiene cabida en un Código Penal moderno.
El término 'honesta' es indeterminado y remite a valoraciones sociales sobre la conducta sexual de la mujer, lo que genera inseguridad jurídica sobre el alcance típico.
El artículo exige que la víctima sea 'soltera, viuda o divorciada', excluyendo a la mujer casada, lo que resulta incoherente con el principio de igualdad y con la protección general de la libertad personal.
La referencia a 'contraer matrimonio' como fin del rapto responde a una concepción histórica del matrimonio que hoy resulta anacrónica y posiblemente superpuesta con figuras como la privación de libertad.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos y ambiguos sin alterar la estructura típica ni la pena.
Artículo 266. (Rapto). El que, con violencias, amenazas o engaños, sustrajere o retuviere a una persona mayor de dieciocho años, para satisfacer una pasión carnal o contraer matrimonio, será castigado con pena de doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
A favor
Elimina la categoría moralizante de 'honestidad' y la distinción por estado civil, incompatibles con el principio de igualdad (art. 8 Constitución).
Mejora la legalidad: el tipo penal gana precisión y deja de depender de una valoración social indeterminada.
No altera la pena ni crea nuevas figuras, por lo que no genera impacto presupuestal ni de política criminal.
En contra
Mantiene un delito autónomo de rapto que la doctrina comparada considera superpuesto con la privación de libertad y los delitos sexuales.
Conserva el fin de 'contraer matrimonio', de escasa aplicación práctica y posiblemente anacrónico.
No resuelve la eventual duplicidad con los artículos 268 y 270 del Código Penal.
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'mínimo cambio' es correcta en estructura y pena, pero el cambio de sujeto pasivo amplía el universo de víctimas: hoy la mujer casada y el varón quedan fuera del tipo; la alternativa los incluye. Eso es más permisivo solo si se mira desde la perspectiva del autor (antes impune, ahora punible), pero en términos de protección es más restrictivo. La etiqueta no es engañosa, pero conviene precisar el sentido del cambio.
Mantiene el fin de 'contraer matrimonio' como elemento típico, lo que puede superponerse con figuras de privación de libertad y no aporta precisión.
No aclara la relación con los arts. 268 y 270, que IMPO vincula a esta norma; puede subsistir duplicidad o concurso aparente sin regla resuelta.
BRiesgo alto
Derogación del rapto autónomo: reencuadrar la conducta en privación de libertad y delitos sexuales, siguiendo la tendencia de España, Argentina y la región.
Artículo 266. (Derogado). Las conductas de sustracción o retención de una persona con violencias, amenazas o engaños, cualquiera sea su finalidad, se regirán por las disposiciones sobre privación ilegítima de la libertad y por las normas sobre delitos sexuales del presente Código.
A favor
Alinea a Uruguay con la tendencia comparada (España, Argentina) de eliminar el rapto como delito autónomo.
Evita superposiciones típicas y simplifica el sistema penal.
Elimina de raíz toda distinción por estado civil o conducta sexual de la víctima.
En contra
Requiere verificar que las figuras de privación de libertad y delitos sexuales cubran adecuadamente todos los supuestos hoy alcanzados por el rapto.
Puede generar discusión sobre la pena aplicable en casos que antes caían en el art. 266.
La técnica de artículo 'derogado' con remisión puede requerir ajustes en la numeración y en las remisiones de los arts. 268 y 270.
Lo que marcó el crítico
La remisión genérica a 'las disposiciones sobre privación ilegítima de la libertad y delitos sexuales' no garantiza que todos los supuestos hoy alcanzados por el art. 266 queden cubiertos con igual pena; puede producirse un vacío de punibilidad o una reducción sancionatoria no explicitada, lo que afecta el principio de legalidad y la proporcionalidad.
Un artículo 'derogado' con remisión normativa es técnicamente problemático: las remisiones deben ser precisas; de lo contrario se delega en el intérprete la determinación del tipo y la pena, con riesgo de inconstitucionalidad por indeterminación (arts. 10 y 12 Constitución).
No se indica qué figura concreta cubre el 'matrimonio forzado' ni con qué pena; si ninguna lo cubre, la derogación deja un supuesto sin respuesta penal, lo que puede chocar con obligaciones de tutela de tratados ratificados (Convención de Belém do Pará, Convenio de Estambul si aplica, etc.).
CRiesgo alto
Mantener el rapto como delito autónomo pero con sujeto pasivo neutro y pena agravada cuando medie fin sexual o matrimonio forzado, con enfoque de género y protección reforzada.
Artículo 266. (Rapto). El que, con violencias, amenazas o engaños, sustrajere o retuviere a una persona, para satisfacer una pasión carnal o para contraer matrimonio o unión de hecho, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría. La pena se elevará de cuatro a ocho años de penitenciaría cuando la víctima sea menor de dieciocho años, cuando mediare violencia de género o cuando la conducta se ejecutare por dos o más personas.
A favor
Conserva una figura específica que visibiliza la sustracción con fines de matrimonio forzado o unión forzada.
Refuerza la protección de menores y de víctimas de violencia de género, en línea con la Ley 19.580.
Aumenta la pena, respondiendo a demandas de mayor severidad en delitos que afectan la libertad personal.
En contra
Mantiene un tipo autónomo que la doctrina comparada considera superpuesto con la privación de libertad y los delitos sexuales.
El aumento de pena debe evaluarse a la luz del principio de proporcionalidad (art. 26 Constitución) y de la política de reducción del encarcelamiento.
La incorporación de 'violencia de género' como agravante requiere definición legal precisa para no vulnerar el principio de legalidad.
Lo que marcó el crítico
El aumento de pena (de 12 meses-5 años a 2-6 años, y agravada 4-8 años) debe evaluarse bajo el principio de proporcionalidad (art. 26 Constitución); no se justifica por qué la conducta merece más pena que la privación de libertad agravada o los delitos sexuales, con riesgo de desproporción.
La agravante por 'violencia de género' carece de definición legal en el propio artículo; remitir a la Ley 19.580 puede ser insuficiente para satisfacer el principio de legalidad penal (art. 10 Constitución), que exige taxatividad.
La expresión 'unión de hecho' no está definida en el Código Penal; puede generar ambigüedad sobre su alcance (concubinato, unión convivencial, etc.).
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto de alternativas se inclina hacia la actualización del tipo y la eliminación de la categoría de 'honestidad', lo cual es razonable dado el diagnóstico. Sin embargo, la alternativa C introduce un aumento punitivo considerable sin justificación proporcional explícita, y la B propone una derogación con remisión genérica que puede generar vacíos. No hay una alternativa que mantenga el texto vigente sin cambios, pese a que el diagnóstico no concluye que la norma sea inconstitucional sino obsoleta. La etiqueta 'mínimo cambio' de A es correcta, pero su efecto real es ampliar el sujeto pasivo, lo que no es un simple cambio terminológico.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
El Código Penal español derogó el delito autónomo de 'rapto' en la reforma de 1989 (Ley Orgánica 3/1989). Hoy las conductas de sustracción o retención de una persona con fines sexuales se castigan como detenciones ilegales agravadas (arts. 163 y 164 CP) o como agresiones sexuales (arts. 178 y ss.), sin referencia al estado civil ni a la 'honestidad' de la víctima. verificar
Argentina
El Código Penal argentino (Ley 11.179) tuvo históricamente el delito de rapto (arts. 130 y ss. en la numeración original), pero la Ley 25.087 de 1999 eliminó los delitos contra la honestidad y los reemplazó por 'delitos contra la integridad sexual'. El rapto propiamente dicho fue derogado; quedan figuras como la privación ilegítima de la libertad (art. 141) y los abusos sexuales (arts. 119 y ss.). verificar
Chile
El Código Penal chileno mantuvo por mucho tiempo el 'rapto' (arts. 358 y ss.), con referencias a la 'honestidad' y al estado de la mujer. La Ley 19.617 de 1999 modificó los delitos sexuales y la Ley 21.153 de 2019 reforzó el enfoque de género, pero subsisten discusiones sobre la vigencia y alcance de figuras de rapto. Verificar el texto exacto vigente de los arts. 358 y siguientes. verificar
México
El Código Penal Federal mexicano tipificó históricamente el 'rapto' (art. 265 y ss.), pero muchas entidades federativas lo han derogado o reformulado. A nivel federal, el rapto con fines sexuales se ha ido sustituyendo por figuras de privación de la libertad y abuso sexual. Verificar la redacción federal vigente y las diferencias estatales. verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.