A
Riesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos y aclarar la remisión, sin alterar la estructura típica ni las penas.
Artículo 268. (Rapto de persona mayor de quince y menor de dieciocho años, con su consentimiento o sin él). El que, con alguno de los fines establecidos en los artículos 266 y 267, sustrajere o retuviere a una persona soltera, mayor de quince años y menor de dieciocho, con su consentimiento o sin él, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
A favor
- Elimina una categoría moral de difícil determinación jurídica ('honesta') y una referencia de género innecesaria.
- Mejora la legalidad al precisar los fines a los que remite el tipo.
- Mantiene intacta la estructura del delito y el marco punitivo, por lo que no genera impacto sistémico.
En contra
- Persiste la equiparación entre sustracción con y sin consentimiento, que sigue siendo discutible en clave de autonomía.
- No resuelve la eventual desproporción o desactualización de la pena.
- La referencia a 'soltera' conserva una categoría de estado civil que puede resultar anacrónica.
Lo que marcó el crítico
- Al reemplazar 'mujer' por 'persona' amplía el sujeto pasivo a varones y a personas no solteras, lo que extiende el alcance punitivo sin que la postura lo declare: no es un 'mínimo cambio' neutro, es más restrictivo en esos supuestos.
- Mantiene la equiparación entre consentimiento y no consentimiento, en tensión con la autonomía progresiva del adolescente y con estándares de DD.HH. sobre niñez (verificar Convención sobre los Derechos del Niño).
- Conserva 'soltera' como categoría de estado civil, anacrónica y de difícil determinación jurídica.
B
Riesgo alto
Enfoque de autonomía y protección de menores: distinguir según medie consentimiento válido o no, y reservar la pena para los supuestos de sustracción o retención contrarias a la voluntad o sin capacidad de consentir, con remisión a las reglas de edad de consentimiento sexual.
Artículo 268. (Sustracción o retención de persona mayor de quince y menor de dieciocho años). El que, con alguno de los fines establecidos en los artículos 266 y 267, sustrajere o retuviere a una persona mayor de quince años y menor de dieciocho, contra su voluntad o aprovechándose de su incapacidad para consentir válidamente, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Cuando la persona preste consentimiento válido y no medie violencia, amenaza, abuso de poder, engaño ni aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, no se configurará el delito, sin perjuicio de las reglas sobre edad de consentimiento sexual y de las normas de protección de la niñez.
A favor
- Alinea el tipo con la protección de la autonomía progresiva y con estándares de DD.HH. sobre niñez y adolescencia.
- Diferencia supuestos con y sin consentimiento, evitando castigar por igual situaciones materialmente distintas.
- Elimina categorías morales y de estado civil incompatibles con un lenguaje claro y no discriminatorio.
En contra
- Introduce elementos normativos ('consentimiento válido', 'vulnerabilidad') que requerirán interpretación y pueden generar litigiosidad.
- Puede ser percibido como una reducción de la protección penal frente a supuestos de sustracción de adolescentes que, aunque consientan, involucren fines de explotación.
- Exige coordinación con otras normas del Código y con la legislación de niñez, lo que puede demorar su aplicación uniforme.
Lo que marcó el crítico
- Es más permisiva que el texto vigente en el supuesto de consentimiento válido: hoy el consentimiento es irrelevante y la alternativa lo convierte en causal de exclusión del delito. La etiqueta 'garantista' es correcta en orientación, pero debe marcarse expresamente que reduce el alcance punitivo en ese supuesto.
- Introduce elementos normativos abiertos ('consentimiento válido', 'vulnerabilidad', 'abuso de poder') que generan ambigüedad y litigiosidad, y pueden chocar con la regla de edad de consentimiento sexual vigente en el Código (verificar arts. 266 y 267 y normativa sobre edad de consentimiento).
- La remisión a 'las reglas sobre edad de consentimiento sexual' es imprecisa: no identifica norma ni artículo, lo que afecta la legalidad (art. 12 Constitución: nadie puede ser penado sin ley previa que califique el hecho).
C
Riesgo alto
Enfoque más punitivo y de protección reforzada: mantener la irrelevancia del consentimiento y agravar la respuesta penal, con una pena mínima más alta y sin distinciones por estado civil ni 'honestidad'.
Artículo 268. (Sustracción o retención de persona mayor de quince y menor de dieciocho años). El que, con alguno de los fines establecidos en los artículos 266 y 267, sustrajere o retuviere a una persona mayor de quince años y menor de dieciocho, con su consentimiento o sin él, será castigado con dos años de penitenciaría a cinco años de penitenciaría. La pena se agravará en un tercio cuando mediare violencia, amenaza, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
A favor
- Refuerza la protección de personas menores de edad frente a sustracciones o retenciones, con independencia de su consentimiento.
- Elimina categorías morales y de estado civil del tipo.
- La agravante por medios comisivos o vulnerabilidad permite graduar mejor la respuesta penal.
En contra
- Aumenta significativamente la pena mínima, lo que puede plantear problemas de proporcionalidad y de hacinamiento carcelario.
- Mantiene la equiparación entre supuestos con y sin consentimiento, en tensión con la autonomía progresiva del adolescente.
- Puede superponerse con otras figuras del Código (privación de libertad, explotación sexual) y generar concurrencia problemática.
Lo que marcó el crítico
- Eleva el mínimo de tres meses de prisión a dos años de penitenciaría: salto desproporcionado que puede chocar con el principio de proporcionalidad (art. 26 Constitución) y con estándares de DD.HH. sobre penas.
- Mantiene la irrelevancia del consentimiento, en tensión con la autonomía progresiva del adolescente reconocida en tratados ratificados (verificar Convención sobre los Derechos del Niño, art. 12).
- La agravante por 'abuso de poder' y 'vulnerabilidad' es ambigua y puede superponerse con otras figuras (privación de libertad, explotación sexual), generando concurrencia problemática y doble valoración del mismo hecho.