Aviso: las propuestas las generan agentes de IA y están
pendientes de revisión legal. No es un proyecto partidario ni reemplaza al Parlamento ni al voto.
«(Interceptación de noticia, telegráfica o telefónica) El que, valiéndose de artificios, intercepta una comunicación telegráfica o telefónica, la impide o la interrumpe, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables) de multa. (*)»
La norma regula una conducta central para la privacidad y el secreto de las comunicaciones, pero su texto quedó anclado a tecnologías del siglo XX y no cubre con claridad las comunicaciones digitales actuales. Su revisión importa para evaluar si la protección penal es coherente con el art. 28 de la Constitución y con los tratados de DD.HH. ratificados por Uruguay.
Diagnóstico del analista: Revisar
El artículo 297 del Código Penal castiga con multa de 20 a 400 U.R. a quien, valiéndose de artificios, intercepta, impide o interrumpe una comunicación telegráfica o telefónica.
La redacción se centra en comunicaciones telegráficas y telefónicas, sin contemplar comunicaciones electrónicas, digitales o por internet, que son el modo predominante actual de comunicación.
La expresión 'valiéndose de artificios' es vaga y no delimita con claridad qué medios de interceptación quedan comprendidos, lo que puede afectar la legalidad de la conducta típica.
La pena es exclusivamente de multa en unidades reajustables, lo que puede resultar desproporcionado frente a la gravedad de la afectación a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, y contrasta con el tratamiento de figuras cercanas en el Código.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos tecnológicos obsoletos sin alterar la estructura de la figura ni la pena.
(Interceptación de comunicación) El que, valiéndose de artificios, intercepta una comunicación telefónica o de cualquier otra naturaleza, la impide o la interrumpe, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables) de multa.
A favor
Corrige el anacronismo tecnológico con el menor impacto posible.
No altera la escala penal ni la estructura del tipo, lo que reduce el riesgo de efectos sistémicos.
La fórmula 'de cualquier otra naturaleza' es la usada en el derecho comparado (Chile) y evita volver a quedar obsoleta.
En contra
No resuelve la vaguedad de 'valiéndose de artificios'.
Mantiene una pena exclusivamente de multa que puede resultar desproporcionada frente a la afectación de la privacidad.
La expresión 'de cualquier otra naturaleza' puede generar discusiones interpretativas sobre su alcance.
Lo que marcó el crítico
Al reemplazar 'telegráfica o telefónica' por 'telefónica o de cualquier otra naturaleza' se elimina la mención expresa a la telegrafía; aunque 'cualquier otra naturaleza' podría cubrirla interpretativamente, deja de estar nombrada y genera duda sobre si la conducta telegráfica sigue típica.
Mantiene la ambigüedad de 'valiéndose de artificios', que no delimita el medio comisivo y debilita el principio de legalidad (art. 12 de la Constitución).
La fórmula 'de cualquier otra naturaleza' es muy amplia y puede abarcar comunicaciones que no son privadas (radiodifusión, comunicaciones públicas), sin prever exclusiones, lo que puede criminalizar conductas legítimas.
BRiesgo alto
Más punitiva: amplía la cobertura tecnológica y eleva la respuesta penal a prisión, alineándose con el patrón regional y europeo.
(Interceptación de comunicaciones) El que, sin consentimiento del titular, intercepta, graba, escucha, impide o interrumpe una comunicación telefónica, electrónica o de cualquier otra naturaleza, o se apodera indebidamente de su contenido, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. Si el hecho lo comete un funcionario público abusando de su cargo, la pena se elevará de un tercio a la mitad. (*)
A favor
Adecua la respuesta punitiva a la gravedad de la afectación del secreto de las comunicaciones (art. 28 de la Constitución).
Cubre expresamente comunicaciones electrónicas y digitales.
La agravante por funcionario público aborda el riesgo específico de interceptaciones ilegales desde el Estado.
En contra
Aumenta la población carcelaria por delitos que hoy no tienen pena privativa de libertad.
Puede tensionar el principio de proporcionalidad si no se distinguen supuestos de menor gravedad.
Requiere revisar la coherencia con los arts. 298 y siguientes del Código Penal para evitar superposiciones.
Lo que marcó el crítico
Elimina la exigencia de 'artificios' y amplía los verbos típicos (graba, escucha, se apodera del contenido) sin precisar el medio comisivo; la fórmula 'sin consentimiento del titular' es muy amplia y puede alcanzar conductas cotidianas (grabar una conversación propia, recibir un mensaje reenviado), lo que tensiona el principio de legalidad y proporcionalidad (arts. 12 y 26 de la Constitución).
No distingue entre interceptación de comunicación ajena y participación en la propia comunicación; la falta de esa distinción puede criminalizar conductas que no afectan el secreto de comunicaciones de terceros.
La agravante por funcionario público 'abusando de su cargo' no define el abuso ni remite a norma, generando ambigüedad; además puede superponerse con figuras de abuso de autoridad del Código.
CRiesgo medio
Más garantista: amplía la cobertura tecnológica pero mantiene pena no privativa de libertad y precisa la conducta típica para respetar el principio de legalidad.
(Interceptación de comunicaciones) El que, sin consentimiento del titular y mediante cualquier medio técnico, intercepta, graba, escucha, impide o interrumpe una comunicación telefónica, electrónica o de cualquier otra naturaleza, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables) de multa. No incurre en este delito quien actúe en cumplimiento de una orden judicial dictada conforme a la ley ni quien capte comunicaciones emitidas al público en general. (*)
A favor
Precisa la conducta típica y reduce la ambigüedad de 'artificios', fortaleciendo el principio de legalidad (art. 12 de la Constitución).
Mantiene una pena no privativa de libertad, coherente con la proporcionalidad para delitos de esta entidad.
Las causales de exclusión evitan criminalizar interceptaciones legítimas (orden judicial) o de comunicaciones públicas.
En contra
No aumenta la respuesta punitiva, lo que algunos sectores consideran insuficiente frente a la gravedad de la conducta.
La referencia a 'orden judicial dictada conforme a la ley' puede requerir remisión a la normativa procesal específica.
La multa en U.R. puede desactualizarse con el tiempo si no se prevé un mecanismo de ajuste.
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'más garantista' no se condice plenamente con el texto: al reemplazar 'valiéndose de artificios' por 'mediante cualquier medio técnico' se restringe el medio comisivo y deja fuera interceptaciones no técnicas (ej. engaño, acceso físico a un teléfono), lo que en ese supuesto es más permisivo que el vigente; si la intención era garantista, el rótulo es discutible.
Al igual que A, elimina la mención expresa a la telegrafía, con la misma duda interpretativa.
La causal de exclusión por 'orden judicial dictada conforme a la ley' remite a normativa procesal que no se identifica; sin remisión expresa puede quedar vacía o generar interpretaciones dispares.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto se inclina levemente hacia la ampliación punitiva: B propone prisión y agravante, y A y C amplían cobertura tecnológica. No hay una alternativa que mantenga el texto vigente sin cambios ni una que discuta la proporcionalidad de la multa desde una perspectiva de política criminal alternativa. La etiqueta 'más garantista' de C es parcialmente discutible porque restringe el medio comisivo a 'cualquier medio técnico', lo que en algunos supuestos es más permisivo que el vigente.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
Código Penal español, art. 197.1: castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
Argentina
Código Penal argentino, art. 153: será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. El art. 153 bis agrava cuando el autor es funcionario público o cuando se accede a un sistema informático.
Chile
Código Penal chileno, art. 161-A (incorporado por Ley 19.223): se castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) al que indebidamente interceptare, grabare o escuchare una comunicación telefónica o de otra naturaleza, o la difundiere. La Ley 21.459 (2022) actualizó el catálogo de delitos informáticos y sanciona el acceso ilícito a sistemas y la interceptación de datos. verificar
Brasil
Código Penal brasileño, art. 151: castiga con detención de 1 a 6 meses o multa a quien, sin justa causa, abrir correspondencia ajena, o revelar su contenido; y el art. 153 trata la divulgación de contenido de correspondencia. La interceptación telefónica se regula en la Ley 9.296/1996, que la admite solo por orden judicial en investigación criminal, y la Ley 12.737/2012 (delitos informáticos) tipifica la invasión de dispositivo informático. verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.