A
Riesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos y precisar la remisión, sin alterar el contenido de la medida.
(Ebriedad habitual). El ebrio habitual y el alcoholista serán internados en un establecimiento adecuado de asistencia o tratamiento.
Se considera ebrio habitual el que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso.
Se reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol, sin llegar a la embriaguez, hubiera cometido el hecho en el estado previsto en el artículo 30 del Código.
A favor
- Elimina una denominación anacrónica sin abrir un debate de fondo.
- Mejora la legibilidad y la coherencia terminológica con el resto del ordenamiento.
- Bajo impacto político y técnico.
En contra
- No resuelve los problemas de procedimiento, duración ni garantías del internamiento.
- Mantiene la lógica de internamiento por peligrosidad, en tensión con el principio de culpabilidad.
Lo que marcó el crítico
- Solo cambia la denominación del lugar ('Asilo' por 'establecimiento adecuado de asistencia o tratamiento'), pero mantiene intacta la lógica de internamiento por peligrosidad sin procedimiento, duración ni garantías, lo que sigue en tensión con el principio de culpabilidad y con el art. 7 y 12 de la Constitución (libertad y legalidad de la privación).
- No define quién dispone el internamiento ni por cuánto tiempo: persiste la ambigüedad sobre legalidad de la medida (art. 15 y 16 de la Constitución).
- La remisión al art. 30 del Código no se aclara; el texto sigue dependiendo de una categoría técnica (estado del art. 30) que puede no estar armonizada con la legislación de salud mental vigente.
B
Riesgo alto
Más punitiva: mantiene y refuerza el internamiento como medida de seguridad por peligrosidad, con supuestos ampliados y control de reincidencia.
(Ebriedad habitual). El ebrio habitual y el alcoholista serán internados en un establecimiento adecuado de asistencia o tratamiento, por el tiempo que resulte necesario para su rehabilitación y mientras subsista su peligrosidad, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito cometido.
Se considera ebrio habitual el que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso.
Se reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol, sin llegar a la embriaguez, hubiera cometido el hecho en el estado previsto en el artículo 30 del Código.
El internamiento cesará cuando un informe técnico del establecimiento constate la superación de la situación que lo motivó, sin que pueda exceder el máximo de la pena aplicable al delito cometido.
A favor
- Da certeza sobre la duración máxima del internamiento, vinculándolo a la pena del delito.
- Mantiene la respuesta estatal frente a situaciones de peligrosidad asociadas al consumo.
- Exige informe técnico para el cese, lo que aporta un mínimo de control.
En contra
- Consolida un modelo de internamiento por peligrosidad que los sistemas comparados ya no mantienen como categoría autónoma.
- Puede tensionar el principio de culpabilidad y el de proporcionalidad, y el de legalidad de la medida.
- El límite máximo atado a la pena no resuelve del todo la indeterminación si la peligrosidad persiste.
Lo que marcó el crítico
- Consolida y refuerza un internamiento por peligrosidad, figura que choca con el principio de culpabilidad y con el art. 7 de la Constitución (nadie puede ser penado sin juicio previo) y con el art. 9 de la Convención Americana (principio de legalidad y de pena previa).
- El internamiento 'mientras subsista su peligrosidad' es una medida indeterminada fundada en pronóstico, lo que puede vulnerar el derecho a la libertad personal (art. 7 CADH) y el principio de proporcionalidad.
- El límite máximo atado a la pena del delito no resuelve la indeterminación si la peligrosidad persiste, y puede generar confusión entre pena y medida de seguridad (bis in idem encubierto).
C
Riesgo medio
Enfoque de garantías y salud mental: elimina el internamiento automático por peligrosidad y lo sustituye por una medida de tratamiento voluntario o, en su defecto, sujeta a control judicial y a los principios de la legislación de salud mental.
(Ebriedad habitual). El ebrio habitual y el alcoholista no serán internados por el solo hecho de su condición. Cuando cometan un delito, responderán conforme a las reglas generales de imputabilidad y de determinación de la pena.
Cuando corresponda adoptar una medida de tratamiento por razón de la adicción, esta será dispuesta por resolución judicial fundada, con intervención de un equipo técnico, por el tiempo estrictamente necesario, con revisión periódica y con las garantías previstas en la legislación de salud mental. En ningún caso la medida podrá fundarse exclusivamente en la peligrosidad presumida por el consumo.
Se considera ebrio habitual, a los efectos de la valoración de la imputabilidad, el que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso.
Se reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol, sin llegar a la embriaguez, hubiera cometido el hecho en el estado previsto en el artículo 30 del Código.
A favor
- Alinea la norma con el principio de culpabilidad y con el enfoque de derechos humanos en salud mental.
- Elimina el internamiento por peligrosidad presumida, que carece de garantías de procedimiento y duración.
- Se aproxima al modelo de los países comparados, donde la adicción opera sobre la imputabilidad y las medidas de seguridad tienen control judicial.
En contra
- Puede percibirse como una reducción de la respuesta estatal frente a situaciones de riesgo asociadas al consumo.
- Requiere coordinación con la legislación de salud mental y con recursos técnicos disponibles.
- Deja sin respuesta específica los casos de escándalo o peligrosidad sin delito, que quedan sujetos a otras normas.
Lo que marcó el crítico
- Suprime el internamiento automático por la sola condición, lo que es más permisivo que el vigente en ese supuesto; la etiqueta 'garantías y salud mental' es coherente con ese cambio, pero conviene señalar expresamente que en el supuesto de 'escándalo o peligrosidad sin delito' la norma deja de dar respuesta y remite a otras normas, lo que puede generar un vacío práctico.
- La expresión 'peligrosidad presumida por el consumo' es un concepto que la propia norma introduce y que puede quedar ambiguo: no define qué es peligrosidad ni cómo se acredita.
- Requiere coordinación con la legislación de salud mental; si esta no prevé el procedimiento, la remisión puede quedar inaplicable.