Aviso: las propuestas las generan agentes de IA y están
pendientes de revisión legal. No es un proyecto partidario ni reemplaza al Parlamento ni al voto.
«(Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer) El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento con actos de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.»
El artículo integra el régimen penal del aborto y su aplicación práctica depende de cómo se articule con la Ley 18.987, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en supuestos despenalizados; su redacción afecta la seguridad jurídica de quienes intervienen en esos procedimientos.
Diagnóstico del analista: Revisar
Tipifica la colaboración de un tercero en el aborto de una mujer que presta su consentimiento, con pena de seis a veinticuatro meses de prisión, tanto para participación principal como secundaria.
La expresión 'actos de participación principal o secundaria' mezcla categorías de autoría y participación del derecho penal general con una descripción típica autónoma, lo que puede generar dudas sobre si se trata de un delito independiente o de una regla de complicidad.
Debe leerse en conjunto con el artículo 326 y con la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, que despenaliza el aborto en determinados supuestos; la articulación entre el tipo penal y ese régimen legal puede generar tensiones interpretativas.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo bajo
Mínimo cambio: precisar la conducta típica sin alterar el marco penal ni el ámbito de aplicación.
Artículo 325-BIS. (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer). El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento, mediante actos de participación principal o secundaria, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.
A favor
Mejora la claridad del tipo penal sin ampliar ni reducir su alcance.
Mantiene la coherencia con el artículo 326 y con el resto del Código Penal.
No genera nuevos debates interpretativos sobre la naturaleza del delito.
En contra
No resuelve por sí solo la articulación con la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo.
La mejora de redacción puede ser considerada insuficiente frente a los problemas de aplicación práctica.
Lo que marcó el crítico
El cambio de 'con' a 'mediante' es puramente gramatical y no resuelve la ambigüedad de fondo: 'participación principal o secundaria' sigue siendo una categoría del derecho penal general usada dentro de un tipo autónomo, lo que mantiene la duda sobre si es un delito independiente o una regla de complicidad.
No aborda la articulación con la Ley 18.987 ni con el art. 326, por lo que persiste el riesgo de interpretaciones contradictorias en procedimientos legalmente habilitados.
La etiqueta 'mínimo cambio' es correcta: no altera el ámbito de conductas ni la pena.
BRiesgo medio
Enfoque más garantista: limitar la punición a la colaboración en abortos realizados fuera de los supuestos permitidos por la ley, remitiendo expresamente a la Ley 18.987.
Artículo 325-BIS. (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer). El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento, mediante actos de participación principal o secundaria, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión, siempre que el aborto se realice fuera de los supuestos permitidos por la Ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Quedan excluidas de este artículo las conductas realizadas en el marco de los procedimientos previstos en dicha ley.
A favor
Aumenta la seguridad jurídica de los profesionales y terceros que intervienen en procedimientos legalmente habilitados.
Armoniza el tipo penal con el régimen especial de interrupción voluntaria del embarazo.
Reduce el riesgo de interpretaciones contradictorias entre el Código Penal y la ley especial.
En contra
Puede ser vista como una delegación excesiva de la definición del ámbito penal a una ley especial.
Requiere una articulación normativa cuidadosa para evitar lagunas o remisiones ambiguas.
No satisface a quienes consideran que el tipo penal debe mantener su autonomía respecto de la ley especial.
Lo que marcó el crítico
La remisión a la Ley 18.987 puede generar una delegación problemática: la ley especial regula supuestos de despenalización, pero no necesariamente define con precisión el ámbito de la colaboración punible, lo que puede producir lagunas o remisiones ambiguas.
La cláusula 'quedan excluidas las conductas realizadas en el marco de los procedimientos previstos en dicha ley' podría amparar conductas de terceros que excedan el marco legal pero se invoquen como parte del procedimiento, generando un espacio de impunidad no querido.
La etiqueta 'garantista' es correcta en tanto restringe el ámbito punitivo respecto del vigente, pero conviene verificar que la remisión no vacíe de contenido el tipo en supuestos no cubiertos por la ley especial.
CRiesgo alto
Enfoque más punitivo: mantener la autonomía del tipo penal y precisar que la colaboración es punible con independencia de que el aborto se realice en un supuesto permitido por la ley, salvo que la conducta esté expresamente autorizada.
Artículo 325-BIS. (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer). El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento, mediante actos de participación principal o secundaria, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión. La pena se aplicará con independencia de que el aborto se realice en un supuesto previsto por la Ley 18.987, salvo que la conducta del tercero esté expresamente autorizada por dicha ley o por otra norma legal.
A favor
Refuerza la protección penal de la mujer y del bien jurídico en todos los supuestos.
Evita que la remisión a la ley especial vacíe de contenido el tipo penal.
Mantiene la coherencia con una lectura restrictiva de la colaboración de terceros.
En contra
Puede generar inseguridad jurídica en los procedimientos legalmente habilitados por la Ley 18.987.
Riesgo de contradicción con el régimen de despenalización y con los derechos reconocidos por la ley especial.
Puede afectar la proporcionalidad de la pena en supuestos donde la conducta está autorizada por el ordenamiento.
Lo que marcó el crítico
Contradice frontalmente el régimen de la Ley 18.987: castigar la colaboración en un aborto realizado dentro de los supuestos legalmente permitidos, salvo autorización expresa, desconoce que la conducta del tercero es parte del procedimiento legalmente habilitado y no una conducta autónomamente punible.
Riesgo de inconstitucionalidad por afectación de derechos reconocidos (arts. 7 y 72 de la Constitución) y posible choque con obligaciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Uruguay, en tanto penaliza conductas amparadas por una ley que regula el acceso a un servicio de salud.
La cláusula 'salvo que la conducta del tercero esté expresamente autorizada por dicha ley o por otra norma legal' es ambigua: no queda claro qué actos quedan cubiertos y puede generar inseguridad jurídica para profesionales de la salud.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto de alternativas cubre un espectro razonable (mínimo cambio, garantista, punitivo), pero la alternativa C está redactada de un modo que la hace difícilmente sostenible jurídicamente, lo que puede inclinar el debate hacia las opciones A y B. No se detecta un sesgo grave en la selección.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
Código Penal español, art. 145: castiga al que practique un aborto con consentimiento de la mujer fuera de los casos permitidos por la ley, y al que provoque o practique un aborto sin consentimiento. La Ley Orgánica 2/2010 regula la interrupción voluntaria del embarazo dentro de plazos y supuestos. verificar
Argentina
Código Penal argentino, arts. 85 a 88: regulan el aborto, con penas para quien lo practique y para la mujer que lo consienta, con supuestos de impunidad (arts. 86 y 87). La Ley 27.610 de 2020 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. verificar
Chile
Código Penal chileno, arts. 342 a 345: regulan el aborto. La Ley 21.030 de 2017 despenalizó el aborto en tres causales (riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación). verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.