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Artículo 336 · Difamación
Generado por IA · pendiente de revisión legalTexto vigente
«(Exención de responsabilidad y prueba de la verdad).- Estará exento de responsabilidad el que: A) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público; B) reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado; C) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes. La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aún en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso se refiera a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que hubiese empleado real malicia. (*)»
Fuente: IMPO, Código Penal, art. 336
Por qué importa
Es una norma clave para equilibrar la libertad de expresión y el derecho al honor, especialmente frente a denuncias sobre funcionarios y figuras públicas; su redacción actual proviene de la Ley 18.515 de 2009, que buscó alinear el Código Penal con estándares de protección de la libertad de expresión. La noción de 'real malicia' ha sido objeto de debate jurisprudencial y doctrinario en Uruguay, por lo que conviene verificar su interpretación consolidada.
Diagnóstico del analista: Se recomienda mantener
El artículo 336 del Código Penal establece causales de exención de responsabilidad en los delitos de difamación e injuria, protegiendo manifestaciones sobre asuntos de interés público, la reproducción de dichas manifestaciones con autor identificado y las expresiones humorísticas o artísticas, salvo que se pruebe real malicia. También reconoce el derecho del acusado a probar la verdad de los hechos imputados, con excepciones vinculadas a la vida privada y al interés público.
- La expresión 'real malicia' no está definida en el propio artículo; su alcance depende de interpretación jurisprudencial y doctrinaria, lo que puede generar incertidumbre sobre el estándar probatorio exigido.
- La noción de 'exposición social de relevancia' para personas que ejercen profesión u oficio es un concepto abierto que puede admitir interpretaciones disímiles.
No se proponen cambios
Los agentes no encontraron problemas de fondo ni un debate público que justifique alternativas. Si creés que sí lo hay, contanos en GitHub.
Cómo lo resuelven otros países
| País | Qué dice |
|---|---|
| Estados Unidos | La doctrina de la 'actual malice' surge de New York Times Co. v. Sullivan (1964) y se consolidó en Gertz v. Robert Welch (1974). No está en un artículo constitucional, sino en jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la Primera Enmienda: un funcionario público o figura pública debe probar que la difusión se hizo con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio por la verdad para obtener reparación por difamación. |
| Argentina | Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso 'Campillay' (1986) y doctrina posterior: quien reproduce una noticia de una fuente identificable no responde si atribuye la información a esa fuente. Además, la Corte adoptó el estándar de 'real malicia' para funcionarios públicos en casos como 'Ramos' (1992) y 'Morales Solá' (1996), con base en el art. 14 de la Constitución Nacional y la Convención Americana (art. 13). |
| España | Constitución de España, art. 20.1.d) reconoce el derecho a comunicar libremente información veraz; art. 20.2 fija que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse con censura previa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (desde STC 6/1988 y consolidada en STC 171/1990) exige que la información sea veraz entendida como diligentemente contrastada, y da prevalencia al derecho a la información sobre el honor cuando el asunto es de relevancia pública y el informante actuó con diligencia. |
| Chile | Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (2001), art. 4 y siguientes, y la jurisprudencia de la Corte Suprema. La ley distingue entre información y opinión, y establece que no hay responsabilidad cuando la información es veraz y de interés público. La Corte Interamericana, en 'Herrera Ulloa v. Costa Rica' (2004), aplicada en el ámbito chileno, reforzó el estándar de real malicia para funcionarios públicos. verificar |
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