Aviso: las propuestas las generan agentes de IA y están
pendientes de revisión legal. No es un proyecto partidario ni reemplaza al Parlamento ni al voto.
«(Sordomudez) No es imputable el sordomudo antes de haber cumplido los 18 años, ni después, cualquiera fuere su edad, en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30.»
La redacción actual puede tratar como inimputable a una persona por una condición sensorial sin evaluar su capacidad real de comprender y dirigir su conducta, lo que afecta garantías y la correcta aplicación de las reglas de imputabilidad. Conviene revisar su coherencia con el artículo 30 y con el régimen de adolescentes.
Diagnóstico del analista: Revisar
El artículo 35 declara no imputable al sordomudo antes de los 18 años y, después, cuando se encuentre en las condiciones psíquicas del artículo 30 (falta de conciencia o libertad al momento del hecho).
La categoría 'sordomudo' como presunción legal de inimputabilidad está desactualizada: la sordomudez no implica por sí misma incapacidad psíquica. El criterio técnico actual se basa en la capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir la conducta, no en una condición sensorial.
La remisión al artículo 30 mezcla una condición sensorial (sordomudez) con un supuesto de falta de conciencia o libertad, lo que genera dudas sobre si la norma crea una presunción absoluta o solo una remisión a las reglas generales de inimputabilidad.
Establece una regla etaria (no imputable antes de los 18) que puede superponerse con el régimen de responsabilidad penal adolescente y con las reglas generales de imputabilidad, generando posibles inconsistencias sistemáticas.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo medio
Actualización terminológica mínima: reemplazar 'sordomudo' por la denominación técnica actual, sin alterar el alcance de la presunción ni la regla etaria.
(Sordomudez)
No es imputable la persona con sordomudez antes de haber cumplido los 18 años, ni después, cualquiera fuere su edad, en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30.
A favor
Es un cambio verdaderamente mínimo: no altera el régimen de imputabilidad ni el universo de personas alcanzadas.
Actualiza la terminología a un lenguaje centrado en la persona, sin modificar el contenido normativo.
No genera conflictos sistemáticos nuevos con el artículo 30 ni con el régimen de adolescentes.
En contra
Mantiene una presunción de inimputabilidad basada en una condición sensorial, que la comparación internacional no respalda.
Conserva la ambigüedad sobre si la presunción es absoluta o solo una remisión al artículo 30.
No corrige la posible superposición con el régimen de responsabilidad penal adolescente.
Lo que marcó el crítico
El cambio es solo terminológico: mantiene intacta una presunción de inimputabilidad basada en una condición sensorial, que no se condice con el criterio de capacidad concreta del art. 30 ni con la comparación internacional.
No aclara si la presunción es absoluta o si solo remite a las reglas generales del art. 30; la ambigüedad persiste.
Conserva la regla etaria propia que puede superponerse con el régimen de responsabilidad penal adolescente (verificar el alcance de esa superposición).
BRiesgo medio
Eliminación de la presunción por condición sensorial: la inimputabilidad se determina por la capacidad concreta de comprender y dirigir la conducta, con evaluación pericial y ajustes de accesibilidad.
(Inimputabilidad por condiciones psíquicas)
No es imputable quien, al momento del hecho, no haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir su conducta por las condiciones psíquicas previstas en el artículo 30. La sordomudez u otra discapacidad sensorial no presume por sí sola la inimputabilidad ni la imputabilidad; su incidencia se determina en cada caso mediante evaluación pericial idónea, con los ajustes de accesibilidad que correspondan. Las personas menores de 18 años se rigen por el régimen de responsabilidad penal adolescente, sin perjuicio de la evaluación de su capacidad concreta.
A favor
Alinea el criterio con la comparación internacional: la condición sensorial no determina por sí sola la inimputabilidad.
Refuerza garantías al exigir evaluación pericial idónea y ajustes de accesibilidad.
Evita la superposición con el régimen de responsabilidad penal adolescente al remitir expresamente a él.
En contra
Es más restrictivo que el vigente para las personas sordomudas: elimina una presunción favorable y una regla etaria propia.
Incorpora reglas procesales (peritaje, accesibilidad) dentro del Código Penal, lo que puede duplicar o tensionar el Código del Proceso Penal.
La expresión 'discapacidad sensorial' es más amplia que 'sordomudez' y puede requerir definición legal para evitar ambigüedad.
Puede aumentar costos y demoras si no hay peritos idóneos disponibles.
Lo que marcó el crítico
Es más restrictiva que el vigente: elimina una presunción favorable y la regla etaria propia, por lo que la etiqueta 'garantista' no corresponde en esos supuestos; el rótulo de la alternativa no la califica como garantista, pero conviene señalarlo.
Incorpora reglas procesales (evaluación pericial idónea, ajustes de accesibilidad) dentro del Código Penal, lo que puede duplicar o tensionar normas del Código del Proceso Penal.
La expresión 'discapacidad sensorial' es más amplia que 'sordomudez' y queda sin definición legal, generando una ambigüedad nueva sobre su alcance.
CRiesgo alto
Protección reforzada: mantener la presunción de inimputabilidad para personas sordomudas, reformulándola como regla de protección por discapacidad y accesibilidad, con evaluación que no las trate como imputables sin apoyo adecuado.
(Sordomudez y accesibilidad)
No es imputable la persona con sordomudez antes de haber cumplido los 18 años, ni después, cualquiera fuere su edad, en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30. Cuando existan dudas sobre su capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir su conducta, se estará a lo que resulte de una evaluación pericial idónea realizada con ajustes de accesibilidad y, en su caso, con intérprete de lengua de señas. La sordomudez no obsta a la aplicación del régimen de responsabilidad penal adolescente cuando corresponda, sin que ello implique presunción de imputabilidad.
A favor
Representa una postura de protección reforzada que el conjunto anterior no ofrecía: conserva el efecto favorable de la presunción.
Refuerza garantías de accesibilidad y evaluación idónea para personas sordomudas.
Aclara la relación con el régimen adolescente sin convertir la norma en una presunción de imputabilidad.
En contra
Mantiene una presunción basada en una condición sensorial que la comparación internacional no respalda y que puede resultar sobreinclusiva.
Puede generar tensiones con el principio de igualdad si trata de modo distinto a personas con otras discapacidades sensoriales.
Incorpora reglas procesales dentro del Código Penal, con posible duplicación respecto del Código del Proceso Penal.
La remisión al artículo 30 sigue siendo imprecisa sobre si la presunción es absoluta o relativa.
Lo que marcó el crítico
Mantiene una presunción de inimputabilidad basada en una condición sensorial, que la comparación internacional no respalda y que puede resultar sobreinclusiva.
Puede tensionar el principio de igualdad (art. 8 de la Constitución) al tratar de modo distinto a personas sordomudas respecto de personas con otras discapacidades sensoriales sin justificación objetiva suficiente.
La remisión al art. 30 sigue siendo imprecisa sobre si la presunción es absoluta o relativa; la alternativa no la despeja.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto ofrece tres opciones que cubren un espectro razonable (mínima, eliminación de la presunción y protección reforzada), pero la alternativa C se presenta como 'protección reforzada' sin advertir que consolida una presunción legal discutible; el rótulo puede inducir a leerla como la más garantista cuando en realidad mantiene el statu quo con agregados procesales.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
El Código Penal español (LO 10/1995) regula la inimputabilidad en el art. 20: exime de responsabilidad penal a quien al tiempo del hecho no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión por cualquier anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena, alteración de la percepción o por sufrir alteraciones graves de la conciencia. No menciona la sordomudez como supuesto específico; la capacidad se evalúa caso a caso según la comprensión y voluntad del autor.
Argentina
El Código Penal argentino (Ley 11.179) regula la inimputabilidad en el art. 34 inc. 1: no es punible quien no haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones por insuficiencia de sus facultades, alteración morbosa, o estado de inconsciencia. No contiene una norma específica sobre sordomudez; el criterio es la capacidad psíquica concreta.
Chile
El Código Penal chileno regula la inimputabilidad en el art. 10: están exentos de responsabilidad penal el loco o demente (a menos que haya actuado en un intervalo lúcido) y el que se hallare privado de razón por cualquier causa independiente de su voluntad. No contempla la sordomudez como supuesto autónomo de exención.
Brasil
El Código Penal brasileño (Decreto-Ley 2.848/1940) regula la inimputabilidad en el art. 26: es inimputable el agente con enfermedad mental o desarrollo mental incompleto o retrasado que, al tiempo del hecho, no tenía capacidad de entender el carácter ilícito del hecho o de determinarse conforme a él. No prevé la sordomudez como causa específica; la evaluación es por capacidad concreta.
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.