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«(Delitos contra la propiedad mueble o inmueble).- El que intencionalmente destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble, de una dependencia policial o de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría. (*)»
Impacta directamente en la persecución penal de daños a infraestructura policial y penitenciaria, con una pena alta que puede afectar la proporcionalidad y la política criminal. Fue incorporado por la Ley Nº 19.889 (LUC), norma que tuvo amplio debate público.
Diagnóstico del analista: Revisar
Tipifica el daño intencional a bienes muebles o inmuebles de dependencias policiales o del Instituto Nacional de Rehabilitación, con pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.
La expresión 'de cualquier manera inutilizare en todo o en parte' es muy amplia y puede generar dudas sobre el alcance de la conducta típica frente al delito de daño común.
La pena mínima de doce meses de prisión y máxima de seis años de penitenciaría es notablemente superior a la del daño común; conviene evaluar su proporcionalidad y coherencia con el resto del Código.
El artículo se incorporó por la Ley Nº 19.889 (LUC) y su ubicación dentro del Capítulo VI puede generar interacción con otras figuras de daño; verificar la delimitación con el artículo de daño general.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo bajo
Mínimo cambio: precisar la conducta típica sin alterar la pena ni el ámbito de bienes protegidos.
(Delitos contra la propiedad mueble o inmueble).- El que intencionalmente destruyere, deteriorare o inutilizare, total o parcialmente, una cosa mueble o inmueble de una dependencia policial o de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.
A favor
Mayor claridad y taxatividad de la conducta típica (art. 7 y 12 de la Constitución).
No modifica la política criminal ni la escala penal vigente.
Reduce el riesgo de interpretaciones extensivas del tipo.
En contra
No resuelve la discusión sobre la proporcionalidad de la pena.
Mantiene la diferencia con el daño común sin justificación explícita en el texto.
Lo que marcó el crítico
La sustitución de 'de cualquier manera inutilizare en todo o en parte' por 'inutilizare, total o parcialmente' reduce la amplitud del verbo, pero no elimina del todo la ambigüedad: 'inutilizar parcialmente' sigue siendo un concepto abierto que puede solaparse con el daño común.
No aborda la proporcionalidad de la pena (mínimo de doce meses), que sigue siendo el problema central señalado en el diagnóstico.
Mantiene la falta de delimitación expresa con el delito de daño común, lo que puede generar concurso aparente o dudas interpretativas.
BRiesgo alto
Más punitiva: mantener la severidad de la pena y ampliar la protección a otros bienes públicos afectados a funciones de seguridad y reclusión.
(Delitos contra la propiedad mueble o inmueble).- El que intencionalmente destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble de una dependencia policial, de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, o de cualquier otro bien público afectado a funciones de seguridad, reclusión o administración de justicia, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.
A favor
Refuerza la protección de infraestructura crítica del Estado.
Coherencia con la finalidad declarada de la Ley Nº 19.889 de proteger bienes afectados a servicios esenciales.
En contra
Aumenta el ámbito de aplicación de una pena ya alta, con posible afectación de proporcionalidad (arts. 7 y 26 de la Constitución).
Puede superponerse con el daño agravado común y generar conflictos interpretativos.
Amplía el poder punitivo sin evaluación de impacto.
Lo que marcó el crítico
Amplía el catálogo de bienes protegidos con una fórmula residual ('cualquier otro bien público afectado a funciones de seguridad, reclusión o administración de justicia') que es vaga y puede generar interpretaciones extensivas, afectando la taxatividad exigida por los arts. 7 y 12 de la Constitución.
La expresión 'afectado a funciones de seguridad, reclusión o administración de justicia' es ambigua: no define criterio objetivo (destino, afectación actual, uso principal) y puede abarcar bienes muy diversos, con riesgo de aplicación desigual.
Mantiene una pena mínima de doce meses y máxima de seis años para un universo ampliado de bienes, agravando el problema de proporcionalidad (arts. 7 y 26 de la Constitución) y alejándose de la comparación regional.
CRiesgo medio
Más garantista y proporcional: reducir la pena y alinearla con el daño agravado común, priorizando la reparación y la proporcionalidad.
(Delitos contra la propiedad mueble o inmueble).- El que intencionalmente destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble de una dependencia policial o de los establecimientos o instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, será castigado con una pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. El juez podrá atenuar la pena cuando el daño sea de escasa entidad o cuando el autor repare el perjuicio antes de la sentencia.
A favor
Mayor proporcionalidad respecto del daño común y de la comparación regional.
Favorece la reparación y evita penas desproporcionadas para daños menores.
Coherente con los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas (arts. 26 y 72 de la Constitución).
En contra
Puede ser percibido como menor protección de la infraestructura policial y penitenciaria.
Requiere coordinación con el régimen de daño común para evitar lagunas o duplicaciones.
Lo que marcó el crítico
La reducción de pena es plausible en términos de proporcionalidad, pero el texto mantiene la fórmula amplia 'de cualquier manera inutilizare en todo o en parte', sin corregir la ambigüedad señalada en el diagnóstico.
La regla de atenuación por 'escasa entidad' no define parámetro (monto, extensión, relevancia del bien), lo que introduce una nueva ambigüedad y posible desigualdad de trato.
La atenuación por reparación antes de la sentencia puede chocar con el régimen general de reparación y con la lógica del proceso penal; conviene verificar su coordinación con las reglas generales de atenuación del Código Penal.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto no está claramente sesgado: hay una alternativa de mínimo cambio (A), una más punitiva (B) y una más garantista (C). Sin embargo, la alternativa B amplía el tipo sin corregir ambigüedades y la C reduce pena pero mantiene la fórmula amplia, de modo que ninguna de las tres resuelve simultáneamente taxatividad y proporcionalidad. No se detecta una inclinación uniforme hacia un solo lado.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
Código Penal español, art. 263: el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros artículos del título será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendiendo a la cuantía del daño. El art. 264 agrava (prisión de uno a tres años) cuando el daño recae sobre bienes de dominio público o de uso público, entre otros supuestos calificados.
Argentina
Código Penal argentino, art. 183: el que destruyere, inutilizare o hiciere desaparecer bienes muebles o inmuebles ajenos será reprimido con prisión de quince días a un año. El art. 184 agrava la pena (prisión de tres meses a cuatro años) cuando el daño recae sobre bienes de utilidad pública o sobre archivos, registros o documentos públicos.
Chile
Código Penal chileno, art. 485: el que causare daño en cosa mueble o inmueble ajena será castigado con multa, salvo que el daño exceda cierto monto. El art. 486 agrava cuando el daño recae sobre cosas destinadas a un servicio público, entre otras. verificar
Brasil
Código Penal brasileño, art. 163: destruir, inutilizar o deteriorar cosa ajena se castiga con detención de uno a seis meses o multa. El parágrafo único agrava la pena (detención de seis meses a tres años y multa) si el daño recae sobre patrimonio público, entre otros supuestos.
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.