A
Riesgo medio
Mínimo cambio: precisar la remisión a 'delincuencia organizada' y aclarar la articulación entre no punibilidad y medidas de seguridad, sin alterar el régimen de fondo.
(Del delito putativo y la provocación por la autoridad)
No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.
El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice, por escrito, la provocación por razones fundadas. Esta autorización sólo podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada, entendida como la actuación de tres o más personas concertadas de manera permanente para cometer delitos graves, que requieran en forma excepcional este procedimiento.
Queda el Juez facultado, en los casos de delito putativo o cuando no mediare la autorización para la provocación, para adoptar las medidas de seguridad previstas en este Código, siempre que se verifiquen los presupuestos y requisitos en él establecidos.
A favor
- Reduce la indeterminación de 'delincuencia organizada' sin crear un régimen nuevo.
- Mantiene el estándar garantista de autorización judicial escrita y fundada.
- Aclara la relación entre delito putativo y medidas de seguridad remitiendo al régimen general.
En contra
- La definición de delincuencia organizada puede quedar desactualizada o no coincidir con la de leyes especiales.
- Sigue sin regularse el alcance y los controles de la actuación del agente provocador.
Lo que marcó el crítico
- La definición de 'delincuencia organizada' (tres o más personas concertadas de manera permanente para delitos graves) no coincide necesariamente con la que usan leyes especiales uruguayas (por ejemplo, la Ley 19.574 sobre narcotráfico y lavado, que maneja sus propias nociones de organización y grupo criminal); puede generar antinomias interpretativas.
- La remisión 'a las medidas de seguridad previstas en este Código' presupone que el Código tiene un régimen general claro de medidas de seguridad; si no lo tiene o es fragmentario, la remisión no resuelve la contradicción y puede quedar vacía. Verificar el régimen de los arts. 92 y siguientes.
- Sigue sin regularse el alcance, los límites y los controles de la actuación del agente provocador, ni qué pasa con la prueba obtenida en exceso.
B
Riesgo medio
Más garantista: reforzar los límites y controles de la provocación estatal, exigiendo que la autorización judicial sea previa, motivada y con control posterior, y excluyendo la punición cuando la provocación haya determinado la comisión del hecho.
(Del delito putativo y la provocación por la autoridad)
No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.
El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice, por escrito y con motivación fundada, la provocación. Esta autorización sólo podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada, entendida como la actuación de tres o más personas concertadas de manera permanente para cometer delitos graves, que requieran en forma excepcional este procedimiento.
La autorización deberá precisar el hecho, los sujetos alcanzados, el plazo y las modalidades de la actuación, y será controlada por el Juez durante su ejecución y al finalizar. No se castigará al provocado cuando la provocación haya sido determinante para la comisión del hecho.
Queda el Juez facultado, en los casos de delito putativo o cuando no mediare la autorización para la provocación, para adoptar las medidas de seguridad previstas en este Código, siempre que se verifiquen los presupuestos y requisitos en él establecidos.
A favor
- Refuerza el debido proceso y el control judicial efectivo.
- Evita que la autoridad cree el delito y luego lo reprima.
- Mantiene la excepcionalidad y la autorización escrita previa.
En contra
- Puede dificultar investigaciones de delincuencia organizada que dependen de la infiltración.
- Requiere mayor carga de trabajo judicial y recursos de control.
Lo que marcó el crítico
- La regla 'no se castigará al provocado cuando la provocación haya sido determinante' puede chocar con el art. 8 vigente en su lógica: el texto actual no excluye la punición del provocado, solo condiciona la represión a la autorización. La alternativa va más allá y crea una excusa o exclusión de punibilidad nueva, lo que exige coherencia con el régimen de autoría y participación (arts. 60 y ss.) y con el delito putativo.
- El criterio 'determinante' es ambiguo: no se define si es causal, si basta con que haya influido, ni cómo se prueba. Puede generar litigiosidad e inseguridad jurídica.
- El control judicial 'durante su ejecución y al finalizar' no fija consecuencias para el caso de incumplimiento (nulidad de la prueba, responsabilidad del agente, etc.), lo que debilita la eficacia del control.
C
Riesgo alto
Más eficacia represiva: ampliar los supuestos y flexibilizar la autorización para la provocación estatal, permitiendo su uso en investigaciones de delitos graves y reduciendo las exigencias formales.
(Del delito putativo y la provocación por la autoridad)
No se castigará el hecho jurídicamente lícito, cometido bajo la convicción de ser delictivo.
El hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión, sólo se castigará en caso que el Juez competente autorice, por escrito, la provocación por razones fundadas. Esta autorización podrá otorgarse en los casos de delincuencia organizada o de delitos graves que, por sus características, requieran en forma excepcional este procedimiento.
Queda el Juez facultado en los casos de delito putativo o cuando no mediare la autorización para la provocación, para adoptar medidas de seguridad.
A favor
- Facilita la investigación de delitos graves que de otro modo serían difíciles de reprimir.
- Mantiene la exigencia de autorización judicial escrita.
En contra
- Amplía el margen de actuación estatal encubierta y el riesgo de provocación.
- Puede afectar garantías del debido proceso y la proporcionalidad.
- La expresión 'delitos graves' queda indeterminada.
Lo que marcó el crítico
- Amplía el supuesto habilitante de 'delincuencia organizada' a 'delitos graves', categoría indeterminada que no está definida ni remite a una norma, lo que afecta la legalidad y la previsibilidad (arts. 10 y 12 de la Constitución; art. 9 de la Convención Americana).
- Al flexibilizar el ámbito, aumenta el riesgo de provocación estatal y de afectación del debido proceso (art. 7 y 12 de la Constitución; arts. 8 y 25 de la Convención Americana).
- No incorpora controles sobre la actuación del agente provocador ni sobre la prueba obtenida, lo que puede comprometer la licitud de la prueba.