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Artículo 92 · Medidas de seguridad

Generado por IA · pendiente de revisión legal

Texto vigente

«(Régimen) Las medidas de seguridad son de cuatro clases: curativas, educativas, eliminativas y preventivas. Las primeras se aplican a los enfermos, a los alcoholistas, a los intoxicados por el uso de estupefacientes, declarados irresponsables, (artículo 33) y a los ebrios habituales. Las segundas a los menores de 18 años (artículo 34) y a los sordomudos (artículo 35). Las terceras, a los delincuentes habituales (incisos segundo y tercero del artículo 48), y a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad. (*) Las últimas a los autores de delito imposible (artículo 5 inciso 3), y de delitos putativos y provocados por la autoridad (artículo 8).»

Fuente: IMPO, Código Penal, art. 92

Por qué importa

El artículo define el régimen de medidas de seguridad aplicables a personas declaradas irresponsables o consideradas peligrosas, lo que impacta directamente en la libertad ambulatoria y en la duración de las medidas. Su redacción de 1933 y las categorías abiertas de peligrosidad han sido objeto de debate doctrinario y de propuestas de reforma del Código Penal en Uruguay, aunque no hay una reforma integral sancionada.

Diagnóstico del analista: Revisar

El artículo 92 clasifica las medidas de seguridad en cuatro clases (curativas, educativas, eliminativas y preventivas) y enumera a qué sujetos se aplica cada una, remitiendo a otros artículos del Código Penal.

  • La categoría 'eliminativas' y su aplicación a 'delincuentes habituales' y a violadores u homicidas por 'gran peligrosidad' responde a una lógica de defensa social propia del positivismo penal de 1933, en tensión con el principio de culpabilidad y con estándares de DD.HH. sobre penas y medidas de seguridad.
  • La expresión 'gran peligrosidad' derivada de 'móviles', 'forma de ejecución', 'antecedentes y demás circunstancias afines' es un criterio abierto que puede habilitar medidas indeterminadas sin parámetros claros de proporcionalidad.
  • El término 'alcoholistas' y 'ebrios habituales' es impreciso y no se corresponde con categorías clínicas actuales; su distinción con 'intoxicados por estupefacientes' no está definida en el artículo.
  • La remisión al artículo 34 (menores de 18 años) debe leerse con el régimen de responsabilidad penal adolescente vigente (Código de la Niñez y la Adolescencia y Ley 19.055), lo que puede generar desajustes entre el texto del Código Penal y la normativa especial.

3 alternativas

Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.

A Riesgo medio

Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos o ambiguos sin alterar la estructura ni el contenido de las medidas de seguridad.

(Régimen) Las medidas de seguridad son de cuatro clases: curativas, educativas, eliminativas y preventivas. Las primeras se aplican a los enfermos, a las personas con trastorno por consumo de alcohol, a las intoxicadas por el uso de estupefacientes, declaradas irresponsables (artículo 33), y a las personas con consumo problemático de alcohol. Las segundas a los menores de 18 años (artículo 34) y a las personas con discapacidad auditiva y del habla (artículo 35). Las terceras, a los delincuentes habituales (incisos segundo y tercero del artículo 48), y a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad. Las últimas a los autores de delito imposible (artículo 5 inciso 3), y de delitos putativos y provocados por la autoridad (artículo 8).

A favor

  • Mejora la claridad y actualiza terminología clínica y de discapacidad sin alterar el régimen vigente.
  • Bajo impacto normativo: no requiere reformas complementarias de gran escala.
  • Alinea el lenguaje con la Ley 18.651 y con criterios de no discriminación.

En contra

  • Mantiene las categorías abiertas de 'gran peligrosidad' y las medidas 'eliminativas', que siguen siendo el núcleo del debate.
  • No resuelve los desajustes con el régimen de responsabilidad penal adolescente ni con estándares de DD.HH.
  • La actualización terminológica puede generar dudas interpretativas si no se acompaña de definiciones.

Lo que marcó el crítico

  • La etiqueta 'mínimo cambio' es correcta: no altera el alcance de las medidas, solo terminología. Pero mantiene intacto el núcleo problemático: medidas 'eliminativas' indeterminadas por 'gran peligrosidad', en tensión con el principio de culpabilidad y con el art. 7 y 26 de la Constitución (libertad y seguridad individual, proporcionalidad).
  • La sustitución de 'alcoholistas'/'ebrios habituales' por 'personas con trastorno por consumo de alcohol' y 'personas con consumo problemático de alcohol' introduce dos categorías nuevas sin definición legal, lo que puede generar ambigüedad interpretativa sobre quién queda alcanzado.
  • Mantiene la remisión al art. 34 (menores de 18 años) sin ajustarla al régimen de responsabilidad penal adolescente (Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 19.055), lo que puede producir desajustes aplicativos.
B Riesgo medio

Más garantista: limitar las medidas de seguridad a los inimputables, eliminar las medidas 'eliminativas' por peligrosidad y fijar duración máxima, proporcionalidad y control judicial.

(Régimen) Las medidas de seguridad son de tres clases: curativas, educativas y preventivas. Las curativas se aplican a las personas declaradas irresponsables por enfermedad mental, por trastorno por consumo de alcohol o por intoxicación por estupefacientes (artículo 33), y a las personas con consumo problemático de alcohol. Consisten en tratamiento en establecimiento adecuado o en libertad con seguimiento, por el tiempo estrictamente necesario y con revisión judicial periódica. Las educativas se aplican a los menores de 18 años conforme al régimen especial de responsabilidad penal adolescente (artículo 34) y a las personas con discapacidad auditiva y del habla (artículo 35). Las preventivas se aplican a los autores de delito imposible (artículo 5 inciso 3) y de delitos putativos y provocados por la autoridad (artículo 8). Ninguna medida de seguridad podrá exceder la pena máxima prevista para el hecho, será proporcional a la peligrosidad acreditada por pericia y cesará cuando desaparezca la causa que la motivó. Se eliminan las medidas eliminativas y la categoría de 'delincuente habitual' como fundamento de medidas de seguridad.

A favor

  • Alinea el régimen con el principio de culpabilidad y con estándares de DD.HH. sobre medidas de seguridad.
  • Elimina criterios abiertos de peligrosidad que habilitan medidas indeterminadas.
  • Establece límites temporales y control judicial, reduciendo el riesgo de privaciones de libertad desproporcionadas.

En contra

  • Puede generar resistencia en sectores que priorizan la defensa social frente a delincuentes habituales.
  • Requiere desarrollar infraestructura y recursos para tratamientos en libertad y pericias periódicas.
  • La supresión de la categoría de delincuente habitual puede requerir ajustes en otros artículos del Código.

Lo que marcó el crítico

  • La etiqueta 'más garantista' es coherente: en todos los supuestos relevantes la alternativa es igual o más restrictiva que el vigente; no hay supuesto en que sea más permisiva. No hay error de etiqueta.
  • El tope 'no podrá exceder la pena máxima prevista para el hecho' puede ser problemático cuando el hecho es un delito imposible o putativo (art. 5 inc. 3 y art. 8), donde la pena máxima es baja o inexistente; la regla general podría vaciar de contenido las medidas preventivas o generar lagunas.
  • La expresión 'peligrosidad acreditada por pericia' sigue usando el concepto de peligrosidad como fundamento, aunque acotado; conviene precisar que la pericia no puede sustituir el juicio de proporcionalidad ni habilitar medidas indeterminadas.
C Riesgo alto

Más punitiva: mantener las medidas 'eliminativas' para delincuentes habituales y autores de delitos graves, con criterios de peligrosidad y duración revisable.

(Régimen) Las medidas de seguridad son de cuatro clases: curativas, educativas, eliminativas y preventivas. Las primeras se aplican a los enfermos, a las personas con trastorno por consumo de alcohol, a las intoxicadas por el uso de estupefacientes, declaradas irresponsables (artículo 33), y a las personas con consumo problemático de alcohol. Las segundas a los menores de 18 años (artículo 34) y a las personas con discapacidad auditiva y del habla (artículo 35). Las terceras, a los delincuentes habituales (incisos segundo y tercero del artículo 48), y a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad. Su duración será revisada judicialmente cada dos años y no podrá exceder el máximo de la pena prevista para el delito más grave cometido. Las últimas a los autores de delito imposible (artículo 5 inciso 3), y de delitos putativos y provocados por la autoridad (artículo 8).

A favor

  • Conserva la respuesta de defensa social frente a delincuentes habituales y autores de delitos de gran gravedad.
  • Introduce ciertos límites temporales y control judicial, mejorando la seguridad jurídica respecto del texto vigente.
  • Mantiene la estructura histórica del Código, facilitando su aplicación sin reformas integrales.

En contra

  • Persiste el criterio abierto de 'gran peligrosidad', en tensión con el principio de culpabilidad.
  • Las medidas 'eliminativas' siguen siendo criticadas por organismos de DD.HH. por su carácter indeterminado.
  • El tope de duración puede resultar difícil de aplicar cuando se acumulan delitos o antecedentes.

Lo que marcó el crítico

  • La etiqueta 'más punitiva' es correcta en cuanto mantiene las medidas eliminativas, pero el texto incorpora topes y revisión judicial que en el supuesto de 'gran peligrosidad' lo vuelven más restrictivo que el vigente (que no fija tope ni revisión). La etiqueta no es incorrecta, pero conviene aclarar que no es 'más punitiva' en todos los supuestos: es igual en la mayoría y más restrictiva en el de eliminativas.
  • Persiste el criterio abierto de 'gran peligrosidad' como fundamento de medidas 'eliminativas', en tensión con el principio de culpabilidad y con los arts. 7 y 26 de la Constitución y con la Convención Americana (art. 7 y 5), por habilitar privaciones de libertad basadas en pronósticos y no en el hecho cometido.
  • El tope 'máximo de la pena prevista para el delito más grave cometido' es ambiguo cuando se acumulan delitos o cuando se trata de delincuentes habituales con condenas previas ya cumplidas: no queda claro si el tope se calcula sobre el hecho actual o sobre el historial.

Equilibrio del conjunto, según el crítico

El conjunto de alternativas está razonablemente equilibrado: A es continuista, B garantista y C punitiva. No se detecta una inclinación clara hacia un lado, aunque A y C comparten la actualización terminológica y B es la única que suprime las medidas eliminativas. La representación del debate es aceptable.

Cómo lo resuelven otros países

PaísQué dice
EspañaCódigo Penal español, arts. 95 a 108: regula las medidas de seguridad (internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación, en centro educativo, libertad vigilada, etc.) solo para sujetos declarados exentos de responsabilidad criminal (arts. 20 y 101), con duración máxima legalmente tasada y revisión judicial obligatoria.
ArgentinaCódigo Penal argentino, arts. 34 inc. 1 y 2 y arts. 34 a 41: prevé medidas de seguridad para inimputables (internación en establecimiento adecuado) y para menores, con revisión periódica; la Ley 26.657 (Salud Mental) impone que la internación sea excepcional, por tiempo determinado y con control judicial. verificar
ChileCódigo Penal chileno, art. 10 y Ley 20.084 (responsabilidad penal adolescente): para inimputables por enajenación mental se aplica internación en establecimiento psiquiátrico; para adolescentes, un sistema de sanciones con fines educativos y de reinserción, con duración tasada. verificar

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Revisión legal: pendiente

Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.

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