A
Riesgo medio
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos y aclarar la terminología sin alterar el régimen de duración.
(Duración de las medidas de seguridad)
Desde el punto de vista de la duración de las medidas de seguridad, las sentencias son de tres clases: sin mínimo ni máximo; sin mínimo y con determinación de máximo; con fijación de mínimo y de máximo.
Pertenecen a la primera categoría las que se dictan tratándose de personas declaradas irresponsables por enfermedad mental, por alcoholismo o por intoxicación; de personas con discapacidad auditiva y del habla mayores de 18 años declaradas irresponsables (artículo 35), y de ebrios habituales.
Pertenecen a la segunda, las que se dictan respecto de los menores de 18 años.
Pertenecen a la tercera las que se dictan respecto de los delincuentes habituales, los autores de delito putativo, de delito imposible y demás hechos previstos por la ley.
A favor
- Actualiza terminología obsoleta y estigmatizante sin tocar el régimen vigente
- Mejora la claridad sobre qué se clasifica (medidas de seguridad, no penas)
- Bajo impacto normativo y alta compatibilidad con el resto del Código
En contra
- No resuelve el problema de fondo de las medidas sin máximo
- Mantiene la referencia al artículo 35 y la categoría de irresponsabilidad por discapacidad auditiva y del habla, cuya compatibilidad con la normativa de discapacidad requiere verificación
Lo que marcó el crítico
- No cambia ningún efecto jurídico: solo actualiza terminología, por lo que no aborda el problema de fondo de las medidas sin máximo que el propio diagnóstico señala.
- Mantiene la categoría de irresponsabilidad por 'discapacidad auditiva y del habla' remitiendo al art. 35; su compatibilidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Uruguay) es dudosa y requiere verificación.
- Sigue mezclando 'sentencias' con 'medidas de seguridad' en el encabezado, aunque aclara el objeto; la ambigüedad terminológica persiste.
B
Riesgo medio
Fijar un máximo legal a las medidas de seguridad y revisión judicial periódica, para evitar medidas indeterminadas.
(Duración de las medidas de seguridad)
Las medidas de seguridad no podrán exceder el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad aplicable al hecho, ni en todo caso el máximo legal de [X] años. La duración se fijará en la sentencia y será revisada de oficio por el juez, al menos cada [seis meses], para verificar si subsisten los presupuestos que la motivaron. Cesará de pleno derecho cuando desaparezca la peligrosidad que la fundó o cuando se cumpla el plazo máximo fijado.
Las sentencias que dispongan medidas de seguridad se clasifican, según su duración, en: con determinación de máximo y con fijación de mínimo y de máximo. No se admitirán medidas sin máximo.
La medida aplicable a personas declaradas irresponsables por enfermedad mental, alcoholismo o intoxicación, a personas con discapacidad auditiva y del habla mayores de 18 años declaradas irresponsables (artículo 35) y a ebrios habituales tendrá el máximo previsto en el inciso primero.
La medida respecto de menores de 18 años se regirá por las normas especiales de la materia y no podrá exceder el máximo previsto en el inciso primero.
La medida respecto de delincuentes habituales, autores de delito putativo, de delito imposible y demás hechos previstos por la ley se ajustará a los mínimos y máximos que fije la ley para cada supuesto.
A favor
- Evita internamientos o medidas indeterminadas, en línea con el derecho internacional de los derechos humanos
- Introduce control judicial periódico y criterio de cese claro
- Alinea el régimen uruguayo con la tendencia comparada (España, Brasil, Chile)
En contra
- Requiere definir el máximo legal [X] y el plazo de revisión, con impacto presupuestal y de gestión judicial
- Puede generar debate sobre la seguridad frente a personas consideradas peligrosas
- Exige coordinación con la normativa especial de menores y de salud mental
Lo que marcó el crítico
- El máximo legal '[X] años' queda sin definir en el texto: es una norma penal incompleta que no cumple el principio de legalidad de la pena (art. 10 de la Constitución) hasta que se fije el número.
- El plazo de revisión '[seis meses]' también queda entre corchetes; un texto normativo no puede dejar plazos indeterminados.
- El criterio de cese 'cuando desaparezca la peligrosidad' es ambiguo y puede derivar en internamientos prolongados por pronósticos de peligrosidad, con riesgo de choque con el principio de proporcionalidad y con la Convención Americana (art. 5, integridad personal) y la Convención sobre Discapacidad.
C
Riesgo alto
Mantener la posibilidad de medidas sin máximo para casos de inimputabilidad, pero con control judicial reforzado y criterios de cese.
(Duración de las medidas de seguridad)
Desde el punto de vista de la duración de las medidas de seguridad, las sentencias son de tres clases: sin mínimo ni máximo; sin mínimo y con determinación de máximo; con fijación de mínimo y de máximo.
Pertenecen a la primera categoría las que se dictan tratándose de personas declaradas irresponsables por enfermedad mental, por alcoholismo o por intoxicación; de personas con discapacidad auditiva y del habla mayores de 18 años declaradas irresponsables (artículo 35), y de ebrios habituales. En estos casos, el juez deberá revisar de oficio la medida al menos cada seis meses y disponer su cese cuando desaparezcan los presupuestos que la motivaron, con informe técnico interdisciplinario.
Pertenecen a la segunda, las que se dictan respecto de los menores de 18 años.
Pertenecen a la tercera las que se dictan respecto de los delincuentes habituales, los autores de delito putativo, de delito imposible y demás hechos previstos por la ley.
A favor
- Mantiene la flexibilidad para casos de inimputabilidad donde la peligrosidad puede persistir
- Introduce garantías de control judicial y cese sin eliminar la categoría sin máximo
- Actualiza terminología obsoleta
En contra
- No fija un techo legal, por lo que persiste el riesgo de medidas prolongadas o indeterminadas
- La revisión semestral puede ser difícil de cumplir en la práctica
- Puede ser vista como insuficiente frente a estándares internacionales que exigen límites máximos
Lo que marcó el crítico
- Conserva la posibilidad de medidas sin máximo, que es precisamente el núcleo del problema señalado en el diagnóstico y en la comparación internacional; el control judicial semestral no sustituye un techo legal.
- La revisión cada seis meses con informe técnico interdisciplinario puede ser de cumplimiento difícil y no garantiza el cese; el estándar internacional (Convención sobre Discapacidad, Convención Americana) tiende a exigir límites máximos, no solo revisiones.
- Mantiene la categoría de irresponsabilidad por 'discapacidad auditiva y del habla' remitiendo al art. 35, con la misma duda de compatibilidad convencional que en A.