A
Riesgo medio
Mínimo cambio: actualizar remisiones legales y precisar el estándar de 'semiplena prueba' sin alterar el régimen de presunciones.
(Requisitos para disponer la prisión preventiva).-
224.1 Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera elementos de convicción suficientes para sostener como probable la existencia del hecho y la participación del imputado, y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República). A estos efectos, el tribunal podrá acceder a la carpeta fiscal.
224.2 El riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad, se presumirá cuando el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones delictuales, según la redacción vigente a la fecha de los hechos:
A) Violación (artículo 272 del Código Penal).
B) Abuso sexual, cuando la violencia se presume de acuerdo a las situaciones previstas por los numerales 1° a 4° del artículo 272 BIS del Código Penal.
C) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal).
D) Atentado violento al pudor, cuando el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años (artículo 273 del Código Penal).
E) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).
F) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 BIS del Código Penal).
G) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).
H) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).
I) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal).
J) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006.
K) Los delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, que tuvieren penas mínimas de penitenciaría.
L) Los delitos previstos en la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que tuvieren pena mínima de penitenciaría.
224.3 En los casos previstos en el inciso 224.2, el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva.
A favor
- Aclara un término técnico ambiguo sin alterar el nivel de exigencia probatoria de fondo.
- Evita discusiones sobre remisiones a artículos del Código Penal que puedan haber sido renumerados o modificados.
- Mantiene la estructura y el equilibrio actual del artículo, lo que facilita su aplicación pacífica.
En contra
- No resuelve la tensión de fondo entre presunciones legales de riesgo y presunción de inocencia.
- La cláusula de remisión dinámica puede generar dudas interpretativas sobre qué redacción aplicar.
- Sigue sin definir con precisión qué se entiende por 'seguridad de la víctima o de la sociedad'.
Lo que marcó el crítico
- El reemplazo de 'semiplena prueba' por 'elementos de convicción suficientes para sostener como probable' no es un cambio neutro: 'semiplena prueba' es un estándar tradicional que puede leerse como más exigente que 'probable'. La alternativa lo rotula como 'mínimo cambio' pero altera el estándar probatorio sin justificar si sube o baja la vara; hay riesgo de que en la práctica lo baje y quede más permisivo para el Estado (más fácil dictar prisión preventiva).
- La cláusula 'según la redacción vigente a la fecha de los hechos' introduce una remisión dinámica que puede generar discusiones sobre qué versión del Código Penal aplicar y chocar con el principio de legalidad (art. 10 y 12 de la Constitución) si la remisión no es clara.
- No resuelve la tensión entre presunción legal de riesgo (224.2) y presunción de inocencia (art. 11 y 12 de la Constitución; art. 8.2 de la Convención Americana). Mantiene el núcleo problemático.
B
Riesgo medio
Más garantías: elimina las presunciones legales automáticas de riesgo y exige valoración judicial concreta en todos los casos, con estándar probatorio reforzado y límites a la obligación de solicitar la medida.
(Requisitos para disponer la prisión preventiva).-
224.1 Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado únicamente cuando concurran, de manera simultánea, los siguientes requisitos:
A) Elementos de convicción suficientes para sostener como probable la existencia del hecho y la participación del imputado.
B) Elementos de convicción suficientes, valorados concretamente por el tribunal, de que el imputado intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o de que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República).
C) Que la medida sea proporcional a la pena que se espera y que no exista otra medida cautelar menos restrictiva idónea para alcanzar los mismos fines.
El tribunal deberá fundar la concurrencia de cada requisito en resolución motivada. A estos efectos, podrá acceder a la carpeta fiscal.
224.2 La gravedad del hecho y la pena prevista para el delito imputado podrán ser ponderadas por el tribunal como indicios, pero no constituirán por sí solas presunción legal de riesgo de fuga, ocultamiento, entorpecimiento de la investigación ni de peligro para la víctima o la sociedad. En todos los casos el tribunal valorará las circunstancias concretas del imputado y del hecho.
224.3 El Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva cuando estime que concurren los requisitos del inciso 224.1, sin que exista obligación legal de hacerlo por la sola tipificación del delito.
A favor
- Refuerza la presunción de inocencia y el debido proceso al exigir valoración concreta de riesgos en cada caso.
- Introduce proporcionalidad y subsidiariedad, coherentes con el carácter excepcional de la prisión preventiva.
- Reduce el riesgo de aplicación automática de la medida por el solo tipo penal.
En contra
- Puede disminuir la eficacia persecutoria en delitos graves y generar resistencias en el Ministerio Público.
- Aumenta la carga argumentativa y el tiempo de las audiencias de medidas cautelares.
- Podría percibirse como un debilitamiento de la protección de víctimas en delitos sexuales y violentos.
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'más garantías' es correcta en cuanto a la eliminación de presunciones legales, pero conviene verificar que la exigencia de 'elementos de convicción suficientes' para el hecho y la participación no sea en la práctica más laxa que la 'semiplena prueba' vigente; si el estándar probatorio baja, la alternativa sería más permisiva para el Estado en ese supuesto y la etiqueta quedaría parcialmente desmentida.
- El requisito de proporcionalidad y subsidiariedad es constitucionalmente valioso (arts. 15, 16, 17 y 26 de la Constitución; art. 7.3 de la Convención Americana), pero puede generar litigiosidad y demoras en audiencias cautelares; no hay problema jurídico grave, sí de viabilidad práctica.
- La eliminación de la obligación del MP de solicitar la medida podría leerse como un debilitamiento de la protección de víctimas en delitos sexuales y violentos; no es inconstitucional, pero debe evaluarse a la luz del deber estatal de protección (art. 7 de la Convención Americana y Convención de Belém do Pará).
C
Riesgo alto
Más eficacia persecutoria: mantiene y refuerza las presunciones legales de riesgo para el catálogo de delitos graves y la obligación del Ministerio Público de solicitar la medida, con precisiones para su aplicación.
(Requisitos para disponer la prisión preventiva).-
224.1 Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal decretará la prisión preventiva del imputado si hubiera elementos de convicción suficientes para sostener como probable la existencia del hecho y la participación del imputado, y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República). A estos efectos, el tribunal podrá acceder a la carpeta fiscal.
224.2 El riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad, se presumirá cuando el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones delictuales, según la redacción vigente a la fecha de los hechos:
A) Violación (artículo 272 del Código Penal).
B) Abuso sexual, cuando la violencia se presume de acuerdo a las situaciones previstas por los numerales 1° a 4° del artículo 272 BIS del Código Penal.
C) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal).
D) Atentado violento al pudor, cuando el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años (artículo 273 del Código Penal).
E) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).
F) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 BIS del Código Penal).
G) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).
H) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).
I) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal).
J) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006.
K) Los delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, que tuvieren penas mínimas de penitenciaría.
L) Los delitos previstos en la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que tuvieren pena mínima de penitenciaría.
224.3 En los casos previstos en el inciso 224.2, el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva. El tribunal solo podrá apartarse de la presunción legal cuando el imputado aporte elementos de convicción concretos que la desvirtúen, en resolución fundada.
224.4 La presunción del inciso 224.2 no obsta a la revisión periódica de la medida conforme a las reglas generales de este Código.
A favor
- Consolida el régimen vigente y reduce la litigiosidad sobre el alcance de la presunción.
- Da mayor previsibilidad a la actuación del Ministerio Público y del tribunal en delitos graves.
- Mantiene la protección reforzada de víctimas en delitos sexuales y violentos.
En contra
- Profundiza la tensión con la presunción de inocencia al trasladar al imputado la carga de desvirtuar la presunción.
- Puede aumentar el uso de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario.
- Se aparta del estándar de valoración concreta predominante en Argentina, Chile y España.
Lo que marcó el crítico
- El inciso 224.3 traslada al imputado la carga de aportar elementos para desvirtuar la presunción legal de riesgo. Esto invierte la carga de la prueba en materia cautelar y choca con la presunción de inocencia (art. 11 y 12 de la Constitución; art. 8.2 de la Convención Americana) y con el derecho a la libertad (art. 7 de la Convención). Riesgo alto de inconstitucionalidad y de condena internacional.
- El cambio de 'podrá decretar' a 'decretará' en 224.1 convierte la prisión preventiva en casi automática cuando se cumplen los requisitos, lo que agrava la tensión con el carácter excepcional de la medida (art. 15 de la Constitución; art. 7.3 de la Convención Americana).
- La etiqueta 'más eficacia persecutoria' es correcta, pero la alternativa profundiza un régimen que ya es observado por organismos de derechos humanos; el riesgo jurídico concreto es alto, no solo político.