A
Riesgo bajo
Mínimo cambio: actualizar denominaciones para que coincidan con las rúbricas del Código Penal vigente, sin alterar el catálogo.
(Delitos perseguibles a instancia del ofendido).- Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, estupro, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, insolvencia fraudulenta, sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal.
A favor
- Mejora la técnica legislativa y la remisión al Código Penal sin cambiar el alcance de la instancia.
- Reduce litigios sobre qué tipo penal queda comprendido.
En contra
- Requiere cotejo técnico con el Código Penal vigente para no omitir figuras (verificar).
- No resuelve la cláusula abierta de remisión final.
Lo que marcó el crítico
- Elimina 'traumatismo' sin que el propio texto aclare si la figura subsiste con otra denominación en el Código Penal; si subsiste y no está cubierta por otra rúbrica, se vuelve de acción pública (verificar).
- No aclara si 'lesiones ordinarias' y 'lesiones culposas graves' coinciden con las rúbricas actuales del Código Penal; el ajuste de denominaciones puede alterar el alcance sin decirlo (verificar).
- Mantiene la cláusula abierta final, con la misma ambigüedad sobre qué leyes especiales imponen instancia.
B
Riesgo alto
Catálogo taxativo y cerrado: se enumeran los delitos de instancia privada y se elimina la remisión abierta a 'tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal'.
(Delitos perseguibles a instancia del ofendido).- Son perseguibles a instancia del ofendido, exclusivamente, los siguientes delitos: rapto, estupro, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, insolvencia fraudulenta, sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. Ningún otro delito requerirá instancia del ofendido para su persecución.
A favor
- Mayor seguridad jurídica: la condición de procedibilidad queda clara y no depende de remisiones dispersas.
- Alinea el régimen uruguayo con la tendencia regional de acción privada excepcional y taxativa.
- Evita que leyes penales especiales creen requisitos de instancia sin debate parlamentario específico.
En contra
- Puede dejar sin instancia privada a delitos que hoy la exigían por leyes especiales, ampliando la persecución de oficio (verificar cuáles).
- Requiere revisar todas las leyes penales especiales para evitar vacíos.
Lo que marcó el crítico
- Al declarar taxativo el catálogo y suprimir la remisión abierta, convierte en acción pública todos los delitos que hoy exigen instancia por leyes penales especiales; eso amplía la persecución de oficio y puede afectar la autonomía de la víctima en figuras no relevadas (verificar cuáles).
- Puede generar un conflicto normativo con leyes especiales vigentes que establecen la instancia como requisito: la regla 'ningún otro delito requerirá instancia' choca con esas leyes sin derogarlas expresamente, creando antinomia.
- La etiqueta no es 'garantista' ni 'punitiva' explícitamente, pero el efecto real es más restrictivo para la víctima y más permisivo para la persecución estatal; conviene rotularlo con precisión.
C
Riesgo alto
Ampliación de la instancia privada: se mantiene la cláusula abierta y se agregan supuestos de delitos contra la autonomía personal y patrimonial de menor gravedad, con excepción cuando la víctima sea menor de edad o exista violencia de género.
(Delitos perseguibles a instancia del ofendido).- Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, estupro, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, insolvencia fraudulenta, sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento, hurto simple y estafa simple cuando el monto no supere el que fije la ley. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal. No se requerirá instancia cuando la víctima sea menor de edad, cuando exista violencia de género o cuando el hecho se cometa por funcionario público en ejercicio de sus funciones.
A favor
- Refuerza la autonomía de la víctima en delitos patrimoniales de escasa gravedad.
- Las excepciones protegen a menores y víctimas de violencia de género, en línea con estándares de DD.HH.
En contra
- Amplía la zona donde la persecución depende de la voluntad de la víctima, lo que puede afectar el acceso a la justicia en delitos patrimoniales.
- La cláusula abierta sigue generando incertidumbre sobre qué otros delitos quedan comprendidos.
- Requiere definir por ley el monto máximo, lo que puede generar discusiones técnicas.
Lo que marcó el crítico
- Amplía la instancia privada a hurto simple y estafa simple, lo que reduce la persecución de oficio en delitos patrimoniales y puede afectar el acceso a la justicia de víctimas vulnerables; el rótulo 'ampliación de la instancia privada' es correcto, pero el efecto es más restrictivo para la persecución estatal.
- La remisión a 'el monto que fije la ley' es una habilitación en blanco: no define el monto ni la ley llamada a fijarlo, generando ambigüedad e inseguridad jurídica.
- La excepción por 'violencia de género' no está definida en el texto; puede generar discusión interpretativa sobre su alcance y sobre quién la califica.