Revisar artículo 217 · Telecomunicaciones

Mínimo cambio: actualizar la referencia tecnológica y precisar la conducta típica sin ampliar el alcance.

(Atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones).- El que, de cualquier manera, interrumpiere, perturbare o impidiere el funcionamiento regular de los servicios de telecomunicaciones, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se considera agravante especial de este delito, la sustracción, el daño o la destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del servicio de telecomunicaciones.

Más punitiva: agravar la respuesta penal cuando la afectación recae sobre infraestructura crítica o servicios esenciales, y elevar el mínimo de la escala.

(Atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones).- El que interrumpiere, perturbare o impidiere el funcionamiento regular de los servicios de telecomunicaciones, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se considera agravante especial de este delito, la sustracción, el daño o la destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del servicio de telecomunicaciones. Cuando la conducta recayere sobre infraestructura declarada crítica para el funcionamiento de servicios esenciales, o cuando afectare de modo grave y prolongado a un número indeterminado de usuarios, la pena será de dos a cinco años de penitenciaría.

Más garantista y orientada a la proporcionalidad: precisar la conducta, reducir la escala penal y priorizar la reparación cuando el daño sea de menor entidad.

(Atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones).- El que intencionalmente interrumpiere, perturbare o impidiere el funcionamiento regular de los servicios de telecomunicaciones, será castigado con multa o con tres meses de prisión a un año de penitenciaría, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. Se considera agravante especial de este delito, la sustracción, el daño o la destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del servicio de telecomunicaciones, en cuyo caso la pena será de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Cuando el hecho afectare de modo leve y no prolongado el servicio, el juez podrá sustituir la pena por trabajos comunitarios o disponer la reparación del daño como condición de la suspensión condicional de la pena.