Revisar artículo 295-BIS · Libertad a prueba

Mínimo cambio: precisar la solicitud de parte, la intervención de la defensa en la revocación y la vigencia del numeral XIII.

(Régimen de libertad a prueba).- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de libertad a prueba en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley. La libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. La libertad a prueba podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad que deba cumplir el condenado sea impuesta por la imputación de: A) Delitos culposos de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal. En este caso la imputación de un delito culposo no se reputará como antecedente judicial penal del imputado. B) Delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, en cuanto la misma no supere los veinticuatro meses de prisión. No procede la libertad a prueba en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad a prueba cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado: I. Rapiña (artículo 344 del Código Penal). II. Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal). III. Extorsión (artículo 345 del Código Penal). IV. Secuestro (artículo 346 del Código Penal). V. Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal). VI. Delitos previstos por los artículos 30 a 36 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas. VII. Crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006. VIII. Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008. IX. Delito previsto por el artículo 8° de la Ley N° 19.247, de 15 de agosto de 2014. X. Abigeato (artículo 259 del Código Rural). XI. Violación (artículo 272 del Código Penal). XII. Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). XIII. Delitos previstos por el inciso segundo del artículo 33 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, en los términos y con la vigencia que establezca la ley. La libertad a prueba procederá a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad. La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente. Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. Al establecer la libertad a prueba el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones y medidas: 1) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. 2) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina. 3) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo. 4) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su plazo máximo de duración será de diez meses. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, una o más de las siguientes medidas: A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias. B) Prohibición de acudir a determinados lugares. C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas. D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine. E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares. F) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención. G) Prohibición de conducir vehículos. H) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. I) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas. El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad a prueba deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales. Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena. La violación grave del régimen de libertad a prueba deberá dar lugar a su revocación por el tribunal, previa vista a la defensa, sin necesidad de contar con la aquiescencia o vista previa de la Fiscalía (artículo 287 de este Código). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine de este Código). El régimen de libertad a prueba podrá aplicarse a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia, con excepción de las infracciones gravísimas previstas en el artículo 72 de dicho cuerpo normativo y el delito de abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). A tal efecto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente cumplirá, en lo pertinente, las tareas que el presente artículo comete a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida respecto de los mayores de edad.

Ampliar el acceso a la libertad a prueba: subir el umbral de pena y reducir el catálogo de delitos excluidos, con más garantías y control judicial.

(Régimen de libertad a prueba).- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de libertad a prueba en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley. La libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. La libertad a prueba podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad que deba cumplir el condenado sea impuesta por la imputación de: A) Delitos culposos de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal. En este caso la imputación de un delito culposo no se reputará como antecedente judicial penal del imputado. B) Delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, en cuanto la misma no supere los treinta y seis meses de prisión. No procede la libertad a prueba en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad a prueba cuando se trate de los delitos de homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal), violación (artículo 272 del Código Penal), abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal), secuestro (artículo 346 del Código Penal) y los crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado. La libertad a prueba procederá a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad. La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente. Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. Al establecer la libertad a prueba el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones y medidas: 1) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. 2) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina. 3) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo. 4) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su plazo máximo de duración será de diez meses. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, una o más de las siguientes medidas: A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias. B) Prohibición de acudir a determinados lugares. C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas. D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine. E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares. F) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención. G) Prohibición de conducir vehículos. H) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. I) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas. El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad a prueba deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018. Será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales. Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena. La violación grave del régimen de libertad a prueba deberá dar lugar a su revocación por el tribunal, previa vista a la defensa, sin necesidad de contar con la aquiescencia o vista previa de la Fiscalía (artículo 287 de este Código). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine de este Código). El régimen de libertad a prueba podrá aplicarse a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia, con excepción de las infracciones gravísimas previstas en el artículo 72 de dicho cuerpo normativo y el delito de abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). A tal efecto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente cumplirá, en lo pertinente, las tareas que el presente artículo comete a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida respecto de los mayores de edad.

Restringir el régimen: mantener o ampliar las exclusiones y endurecer las condiciones y la revocación, con más protección a las víctimas.

(Régimen de libertad a prueba).- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de libertad a prueba en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley. La libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. La libertad a prueba podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad que deba cumplir el condenado sea impuesta por la imputación de: A) Delitos culposos de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal. En este caso la imputación de un delito culposo no se reputará como antecedente judicial penal del imputado. B) Delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, en cuanto la misma no supere los dieciocho meses de prisión. No procede la libertad a prueba en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad a prueba cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado: I. Rapiña (artículo 344 del Código Penal). II. Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal). III. Extorsión (artículo 345 del Código Penal). IV. Secuestro (artículo 346 del Código Penal). V. Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal). VI. Delitos previstos por los artículos 30 a 36 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas. VII. Crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006. VIII. Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008. IX. Delito previsto por el artículo 8° de la Ley N° 19.247, de 15 de agosto de 2014. X. Abigeato (artículo 259 del Código Rural). XI. Violación (artículo 272 del Código Penal). XII. Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). XIII. Delitos previstos por el inciso segundo del artículo 33 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017. XIV. Hurto especialmente agravado (artículo 341 del Código Penal) y receptación (artículo 356 del Código Penal). La libertad a prueba procederá a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad. La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente. Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. Al establecer la libertad a prueba el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones y medidas: 1) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. 2) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina. 3) Presentación dos veces por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo. 4) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su plazo máximo de duración será de diez meses. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, una o más de las siguientes medidas: A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias. B) Prohibición de acudir a determinados lugares. C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas. D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine. E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares. F) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención. G) Prohibición de conducir vehículos. H) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. I) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas. El tribunal dispondrá que la persona penada sometida al régimen de libertad a prueba deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018. Será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales. Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena. La violación grave del régimen de libertad a prueba deberá dar lugar a su revocación inmediata por el tribunal, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 de este Código), asegurándose la defensa del penado. Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine de este Código). El régimen de libertad a prueba podrá aplicarse a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia, con excepción de las infracciones gravísimas previstas en el artículo 72 de dicho cuerpo normativo y el delito de abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). A tal efecto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente cumplirá, en lo pertinente, las tareas que el presente artículo comete a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida respecto de los mayores de edad.