A
Riesgo medio
Mínimo cambio: precisar la pena y separar el plano procesal del sustantivo, sin ampliar ni reducir las conductas típicas.
(Agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios).- El que dentro de un establecimiento educativo público o privado, o en sus inmediaciones, hostigare, insultare, atacare física o verbalmente, maltratare o menospreciare a un trabajador de la educación, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables) o, en su defecto, con la pena privativa de libertad que corresponda conforme a las reglas de conversión previstas en este Código.
Las mismas sanciones se aplicarán a quien ejecute las acciones indicadas en el inciso precedente contra trabajadores de la salud o del transporte, en ocasión o con motivo del ejercicio de sus funciones.
El que ingrese sin autorización a un establecimiento educativo público o privado y no se retire a requerimiento del personal autorizado, o allí provoque escándalo o incite a la violencia, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables) o, en su defecto, con la pena privativa de libertad que corresponda conforme a las reglas de conversión previstas en este Código.
El que arroje piedras u otros objetos capaces de causar daño contra establecimientos educativos públicos o privados, ambulancias u otros vehículos afectados al transporte de trabajadores de la salud, o vehículos del transporte público de pasajeros, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables) o, en su defecto, con la pena privativa de libertad que corresponda conforme a las reglas de conversión previstas en este Código. En todos los casos el juez podrá imponer medidas sustitutivas de la prisión preventiva conforme al artículo 3° de la Ley N° 17.726, de 26 de diciembre de 2003, cuando corresponda procesalmente.
A favor
- Mejora la determinación legal de la pena sin alterar el catálogo de conductas
- Aclara la naturaleza procesal de las medidas sustitutivas
- Mantiene la redacción original en lo sustantivo, facilitando el debate
En contra
- No resuelve la amplitud de términos como 'hostigare' o 'menospreciare'
- Sigue concentrando conductas heterogéneas en un solo artículo
- La remisión a las reglas de conversión puede requerir precisión adicional
Lo que marcó el crítico
- La remisión genérica a 'las reglas de conversión previstas en este Código' no identifica norma concreta; si el Código no tiene una regla expresa de conversión multa-prisión, la remisión queda vacía y persiste la indeterminación de la pena (principio de legalidad, art. 10 y 12 Constitución). Verificar si existe tal regla en el Código Penal uruguayo.
- Mantiene los términos abiertos 'hostigare', 'menospreciare' y 'en sus inmediaciones', que pueden chocar con la libertad de expresión (art. 29 Constitución) y con el principio de tipicidad estricta.
- Sigue mezclando en un mismo artículo conductas heterogéneas (agresión verbal, ingreso no autorizado, daño a bienes) con la misma escala penal, lo que dificulta la proporcionalidad (art. 26 Constitución).
B
Riesgo alto
Más punitiva: eleva las penas, fija un máximo claro de prisión y agrava cuando la conducta se dirige contra trabajadores en ejercicio de sus funciones.
(Agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios).- El que dentro de un establecimiento educativo público o privado, o en sus inmediaciones, hostigare, insultare, atacare física o verbalmente, maltratare o menospreciare a un trabajador de la educación, será castigado con pena de multa de 80 a 200 UR (ochenta a doscientas unidades reajustables) o prisión de tres a dieciocho meses.
Las mismas penas se aplicarán a quien ejecute las acciones indicadas en el inciso precedente contra trabajadores de la salud o del transporte, en ocasión o con motivo del ejercicio de sus funciones, y se elevarán en un tercio cuando la conducta se cometa con violencia física o en presencia de menores de edad.
El que ingrese sin autorización a un establecimiento educativo público o privado y no se retire a requerimiento del personal autorizado, o allí provoque escándalo o incite a la violencia, será castigado con pena de multa de 80 a 200 UR (ochenta a doscientas unidades reajustables) o prisión de tres a dieciocho meses.
El que arroje piedras u otros objetos capaces de causar daño contra establecimientos educativos públicos o privados, ambulancias u otros vehículos afectados al transporte de trabajadores de la salud, o vehículos del transporte público de pasajeros, será castigado con pena de multa de 80 a 200 UR (ochenta a doscientas unidades reajustables) o prisión de seis a veinticuatro meses. El juez podrá imponer medidas sustitutivas de la prisión preventiva conforme al artículo 3° de la Ley N° 17.726, de 26 de diciembre de 2003, cuando corresponda procesalmente.
A favor
- Fija un máximo de pena privativa de libertad claro en el artículo
- Refuerza la protección de los trabajadores y de los bienes afectados a servicios esenciales
- Incorpora una agravante acotada y verificable
En contra
- Aumenta la severidad punitiva, lo que puede tensionar la proporcionalidad
- Puede afectar el ejercicio de la libertad de expresión si no se precisan las conductas
- No resuelve la amplitud de los términos típicos ni la heterogeneidad de conductas
Lo que marcó el crítico
- Eleva penas sin resolver la amplitud típica de 'hostigare' y 'menospreciare'; una pena mayor sobre un tipo vago agrava el riesgo de inconstitucionalidad por indeterminación (arts. 10 y 12 Constitución).
- La agravante por 'presencia de menores de edad' es ambigua: no define si requiere conocimiento del autor ni el ámbito de presencia, lo que genera nueva ambigüedad.
- El aumento de pena por conductas verbales puede tensionar desproporcionadamente la libertad de expresión (art. 29 Constitución y art. 13 Convención Americana).
C
Riesgo medio
Más garantista: acota las conductas típicas, exige dolo y contexto de afectación al servicio, y prioriza penas no privativas de libertad con derivación a instancias restaurativas.
(Agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios).- El que, con el propósito de impedir u obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo público o privado o de un servicio de salud o de transporte público, hostigare, insultare, atacare físicamente, maltratare o menospreciare de manera grave y reiterada a un trabajador de la educación, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables), salvo que la conducta constituya un delito más grave.
Las mismas sanciones se aplicarán a quien ejecute las acciones indicadas en el inciso precedente contra trabajadores de la salud o del transporte, en ocasión o con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que la conducta afecte de modo directo la prestación del servicio.
El que ingrese sin autorización a un establecimiento educativo público o privado y no se retire a requerimiento del personal autorizado, o allí provoque escándalo o incite a la violencia, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables), salvo que la conducta constituya un delito más grave.
El que arroje piedras u otros objetos capaces de causar daño contra establecimientos educativos públicos o privados, ambulancias u otros vehículos afectados al transporte de trabajadores de la salud, o vehículos del transporte público de pasajeros, será castigado con multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables), salvo que la conducta constituya un delito más grave. En todos los casos, el juez deberá priorizar medidas no privativas de libertad y podrá derivar el conflicto a instancias restaurativas, sin perjuicio de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que correspondan procesalmente conforme al artículo 3° de la Ley N° 17.726, de 26 de diciembre de 2003.
A favor
- Reduce el riesgo de afectación a la libertad de expresión al exigir propósito y gravedad
- Alinea la respuesta penal con criterios de proporcionalidad y última ratio
- Prioriza alternativas a la prisión y enfoques restaurativos
En contra
- Puede dejar sin protección penal suficiente conductas aisladas o de menor intensidad
- La exigencia de propósito específico puede dificultar la prueba
- La remisión a instancias restaurativas requiere desarrollo normativo y recursos
Lo que marcó el crítico
- La etiqueta 'más garantista' es correcta en cuanto a garantías, pero debe marcarse que en varios supuestos es más permisiva que el texto vigente: exige propósito específico, gravedad y reiteración, y afectación directa del servicio, lo que deja fuera conductas hoy castigadas. Esto es coherente con la postura declarada, pero conviene explicitarlo para no confundir con 'igual protección'.
- La exigencia de 'propósito de impedir u obstaculizar' introduce un elemento subjetivo distinto del dolo que puede dificultar la prueba y generar impunidad en agresiones verbales aisladas.
- La expresión 'de manera grave y reiterada' no define parámetros de gravedad ni número de repeticiones, creando nueva ambigüedad.