A
Riesgo bajo
Mínimo cambio: solo actualiza la remisión normativa y aclara el alcance del inciso final, sin alterar derechos ni el catálogo de penas accesorias.
(De las penas accesorias)
Son penas accesorias:
La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales.
La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo.
Las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud.
El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado.
Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).
A favor
- Corrige una remisión normativa confusa sin alterar el contenido sustantivo del artículo.
- Mantiene intacta la protección vigente para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
- Evita introducir definiciones nuevas que puedan restringir el alcance actual de la inhabilitación.
En contra
- No resuelve si la inhabilitación del inciso 3° opera de pleno derecho o requiere declaración judicial, que es el núcleo del problema interpretativo.
- La remisión a la 'norma vigente que regule la materia' sigue siendo genérica y puede requerir interpretación.
- No aborda la acumulación de incisos agregados por leyes distintas, que dificulta la lectura sistemática.
Lo que marcó el crítico
- La remisión a 'la norma vigente que regule la materia' sigue siendo genérica: no identifica ley ni artículo, por lo que persiste la ambigüedad que dice corregir.
- No aclara si la inhabilitación del inciso 3° opera de pleno derecho o requiere declaración judicial, que es el núcleo del problema interpretativo.
- Mantiene la técnica de acumulación de incisos de leyes distintas, sin mejorar la lectura sistemática.
B
Riesgo medio
Mantener el automatismo legal de las inhabilitaciones del inciso 3°, incorporando salvaguardas de motivación judicial y revisión periódica para compatibilizarlo con el deber de motivación y el interés superior del niño.
(De las penas accesorias)
Son penas accesorias:
La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales.
La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo.
Las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. La sentencia deberá fundamentar expresamente la procedencia de estas inhabilitaciones y su extensión, considerando la gravedad del hecho y el interés superior de las personas protegidas. La persona condenada podrá solicitar la revisión de la medida ante el juez de ejecución, quien resolverá previa vista fiscal y con audiencia de la persona condenada, cuando hayan transcurrido al menos dos años desde la sentencia firme y siempre que se acredite la cesación de las circunstancias que motivaron la medida.
El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado.
Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).
A favor
- Preserva la protección automática vigente para las víctimas de los delitos comprendidos.
- Incorpora el deber de motivación judicial, compatible con los arts. 12 y 23 de la Constitución y el art. 8 de la Convención Americana.
- Permite revisar la medida ante cambios en las circunstancias, atendiendo al interés superior del niño y a la reinserción social.
En contra
- Mantiene el automatismo legal, que puede tensionar el principio de proporcionalidad y el derecho a la reinserción social (art. 26 de la Convención Americana).
- La revisión a pedido de la persona condenada puede no garantizar un control judicial efectivo si no se precisan los criterios de cesación.
- La exigencia de fundamentación puede generar litigios sobre el alcance de la motivación exigida.
Lo que marcó el crítico
- Mantiene el automatismo legal ('conllevarán en todos los casos') y a la vez exige fundamentación: hay tensión interna, porque si la ley ya la impone en todos los casos, la motivación judicial queda vacía de contenido decisorio.
- La revisión a pedido de parte con criterios vagos ('cesación de las circunstancias') puede generar aplicaciones dispares y litigiosidad.
- No define qué juez es competente ni el procedimiento de revisión, lo que afecta la viabilidad práctica.
C
Riesgo alto
Convertir las inhabilitaciones del inciso 3° en una facultad judicial motivada, con revisión periódica de oficio, priorizando garantías procesales y el interés superior de las personas protegidas.
(De las penas accesorias)
Son penas accesorias:
La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales.
La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo.
En las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, el juez podrá imponer, mediante resolución fundada, la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. Para resolver, el juez deberá ponderar la gravedad del hecho, la relación de la persona condenada con las personas protegidas y el interés superior de estas. La medida será revisada de oficio cada dos años por el juez de ejecución, quien resolverá previa vista fiscal y con audiencia de la persona condenada, manteniéndola, sustituyéndola o dejándola sin efecto según la evolución de las circunstancias.
El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado.
Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).
A favor
- Refuerza las garantías procesales y el deber de motivación judicial.
- Permite adecuar la medida al caso concreto y al interés superior de las personas protegidas.
- Facilita la revisión periódica y la reinserción social de la persona condenada.
En contra
- Reduce la protección automática vigente: la inhabilitación deja de aplicarse en todos los casos y queda supeditada a la decisión judicial.
- La revisión de oficio cada dos años puede generar carga procesal y aplicaciones dispares si no se precisan criterios.
- No resuelve por sí sola el problema de derecho transitorio respecto de inhabilitaciones ya impuestas.
Lo que marcó el crítico
- Es claramente más permisiva que el texto vigente en el supuesto central: convierte una inhabilitación automática en facultad judicial, de modo que la persona condenada puede no ser inhabilitada. La etiqueta 'garantista' describe la orientación, pero debe advertirse que reduce la protección vigente.
- Puede chocar con el estándar de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes (art. 19 CADH, interés superior) y con compromisos de la Ley 19.580, al dejar librada a discreción judicial la separación del condenado de funciones de trato directo.
- La revisión de oficio cada dos años sin criterios precisos de cesación genera carga procesal e inseguridad jurídica.