Revisar artículo 67 · Penas accesorias

Mínimo cambio: solo actualiza la remisión normativa y aclara el alcance del inciso final, sin alterar derechos ni el catálogo de penas accesorias.

(De las penas accesorias) Son penas accesorias: La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales. La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo. Las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado. Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).

Mantener el automatismo legal de las inhabilitaciones del inciso 3°, incorporando salvaguardas de motivación judicial y revisión periódica para compatibilizarlo con el deber de motivación y el interés superior del niño.

(De las penas accesorias) Son penas accesorias: La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales. La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo. Las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. La sentencia deberá fundamentar expresamente la procedencia de estas inhabilitaciones y su extensión, considerando la gravedad del hecho y el interés superior de las personas protegidas. La persona condenada podrá solicitar la revisión de la medida ante el juez de ejecución, quien resolverá previa vista fiscal y con audiencia de la persona condenada, cuando hayan transcurrido al menos dos años desde la sentencia firme y siempre que se acredite la cesación de las circunstancias que motivaron la medida. El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado. Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).

Convertir las inhabilitaciones del inciso 3° en una facultad judicial motivada, con revisión periódica de oficio, priorizando garantías procesales y el interés superior de las personas protegidas.

(De las penas accesorias) Son penas accesorias: La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales. La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo. En las sentencias de condena respecto de los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, el juez podrá imponer, mediante resolución fundada, la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. Para resolver, el juez deberá ponderar la gravedad del hecho, la relación de la persona condenada con las personas protegidas y el interés superior de estas. La medida será revisada de oficio cada dos años por el juez de ejecución, quien resolverá previa vista fiscal y con audiencia de la persona condenada, manteniéndola, sustituyéndola o dejándola sin efecto según la evolución de las circunstancias. El pase a situación de reforma transitoria o permanente a personal militar superior retirado. Entiéndase por situación de reforma la definida en la Ley Orgánica Militar y de las Fuerzas Armadas, en la norma vigente que regule la materia (verificar número de ley y artículo).