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«(Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento, puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia, no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo.»
Define un margen de decisión política del Poder Ejecutivo sobre pedidos de extradición, lo que impacta en la cooperación judicial internacional y en la persecución de delitos transnacionales; su amplitud y falta de control procedimental son puntos que suelen discutirse en materia de extradición.
Diagnóstico del analista: Revisar
El artículo faculta al Poder Ejecutivo a rechazar solicitudes de extradición en casos extraordinarios por razones de orden interno o relaciones internacionales, y también cuando la legislación o prácticas del Estado requirente no guarden razonable similitud con las uruguayas.
La expresión 'razonable similitud' con la legislación y prácticas del Estado uruguayo es un criterio abierto y no define qué parámetros se comparan (garantías procesales, penas, régimen de extradición), lo que deja un margen amplio de discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
No se establece procedimiento, plazo ni forma de motivación del rechazo, ni mecanismos de control judicial o administrativo de esa decisión.
La cláusula de rechazo por 'consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna' es un concepto político indeterminado que puede tensionar con el deber de cooperación internacional y con los derechos de las víctimas de los delitos que motivan la solicitud.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo medio
Mínimo cambio: precisar el criterio de 'razonable similitud' y exigir motivación, sin alterar la facultad del Poder Ejecutivo.
Artículo 335. (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo, entendiéndose por tal la que no asegure un estándar equivalente de garantías procesales, proporcionalidad de las penas y régimen de extradición. El rechazo deberá ser dispuesto por resolución fundada del Poder Ejecutivo, con expresión de las razones que lo motivan.
A favor
Reduce la ambigüedad del criterio de 'razonable similitud' sin cambiar la estructura del artículo.
La exigencia de motivación mejora la transparencia y facilita el control posterior.
No incorpora derechos ni excepciones nuevas, por lo que es un cambio acotado.
En contra
Mantiene la ausencia de control judicial expreso sobre la decisión de rechazo.
La definición de 'estándar equivalente' sigue requiriendo interpretación administrativa.
No resuelve la indeterminación de la cláusula de 'orden y tranquilidad interna'.
Lo que marcó el crítico
La definición de 'estándar equivalente' de garantías procesales, proporcionalidad de penas y régimen de extradición sigue siendo un concepto jurídico indeterminado que se resolverá en sede administrativa, sin parámetro legal cerrado ni control judicial expreso.
La exigencia de 'resolución fundada' no aclara ante quién se controla ni por qué vía; sin control judicial expreso, la motivación puede quedar como requisito formal sin consecuencia anulatoria clara.
Mantiene intacta la cláusula de 'orden y tranquilidad interna' y 'relaciones internacionales', que es la más abierta y la que más tensiona con el deber de cooperación y con los derechos de las víctimas.
BRiesgo medio
Más garantías y control: el rechazo por las causales abiertas requiere dictamen judicial previo y resolución fundada, y se somete a control.
Artículo 335. (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo. En todos los casos, antes de resolver, el Poder Ejecutivo requerirá dictamen del tribunal competente sobre la procedencia de la solicitud conforme a las causales legales y a los tratados aplicables. El rechazo se dispondrá por resolución fundada, será comunicado al tribunal y al Estado requirente, y podrá ser impugnado en la forma que establezca la ley.
A favor
Alinea el artículo con la práctica comparada de control judicial previo a la decisión política.
Reduce el margen de discrecionalidad al exigir fundamentación y permitir impugnación.
Refuerza el debido proceso y la protección de los derechos del imputado y de la víctima.
En contra
Puede dilatar los plazos del trámite de extradición.
Introduce una instancia adicional que requiere coordinación entre Poder Ejecutivo y Judicial.
No elimina las causales abiertas, solo las somete a control procedimental.
Lo que marcó el crítico
El 'dictamen del tribunal competente sobre la procedencia' no define qué tribunal, en qué etapa ni con qué alcance; puede superponerse con el control que ya prevé el proceso de extradición y generar duplicaciones o conflictos de competencia.
La 'posibilidad de impugnación' queda remitida a 'la forma que establezca la ley', lo que difiere la garantía a una norma futura y deja la alternativa incompleta en su parte más relevante.
No aclara si el dictamen judicial es vinculante o no; si no lo es, el control previo pierde eficacia y la etiqueta 'más garantías y control' queda debilitada.
CRiesgo alto
Más eficacia en la cooperación: causales de rechazo tasadas y acotadas, sin cláusula abierta de comparación legislativa.
Artículo 335. (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). El Poder Ejecutivo solo podrá rechazar solicitudes de extradición cuando concurra alguna de las siguientes causales: a) que el cumplimiento o diligenciamiento de la solicitud pueda afectar de manera grave y concreta la seguridad interna de la República, lo que deberá fundarse en elementos objetivos; b) que el Estado requirente no asegure, respecto de la persona reclamada, un estándar equivalente de garantías procesales y de proporcionalidad de las penas conforme a los tratados aplicables; c) que exista resolución judicial firme que declare la improcedencia de la extradición. El rechazo se dispondrá por resolución fundada, previo dictamen del tribunal competente, y se comunicará al Estado requirente.
A favor
Otorga mayor previsibilidad y limita la discrecionalidad política.
Facilita la cooperación internacional al reducir los márgenes de rechazo.
Mantiene salvaguardas de garantías procesales y de seguridad interna con parámetros objetivos.
En contra
Restringe facultades que el Poder Ejecutivo podría necesitar en situaciones no previstas.
La exigencia de 'elementos objetivos' puede generar litigios sobre su alcance.
Requiere modificar la práctica administrativa actual y coordinar con el Poder Judicial.
Lo que marcó el crítico
Elimina la referencia a 'relaciones internacionales' como causal, lo que puede tensionar con la conducción de la política exterior (art. 85 num. 4 y art. 6 de la Constitución) y con compromisos de cooperación asumidos por Uruguay; verificar tratados de extradición vigentes.
La causal b) ('estándar equivalente de garantías procesales y proporcionalidad de penas') reintroduce por otra vía el criterio de comparación legislativa que la alternativa dice eliminar; hay contradicción entre la postura declarada ('sin cláusula abierta de comparación legislativa') y el texto propuesto.
La exigencia de 'elementos objetivos' para la seguridad interna no define cuáles ni quién los califica, generando litigiosidad y posible parálisis en casos urgentes.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto se inclina hacia reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y ampliar el control judicial, sin que ninguna alternativa represente con fidelidad una postura que defienda mantener la facultad política amplia del Ejecutivo o que priorice la soberanía y la no injerencia. Las tres alternativas comparten el diagnóstico de que la cláusula es demasiado abierta; no hay una opción que sostenga el texto vigente como suficiente.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
La Ley 4/1985 de Extradición Pasiva regula la extradición pasiva y atribuye al Gobierno la decisión final sobre la entrega, pero previa intervención de los tribunales: el juez de instrucción decide sobre la procedencia y el Gobierno puede denegar la entrega por razones de soberanía, seguridad u orden público (arts. 1, 6 y 17 de la Ley 4/1985). verificar
Argentina
La Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal regula la extradición; el Poder Ejecutivo decide sobre la solicitud, pero el trámite pasa por el juez competente que verifica los requisitos (arts. 4, 30 y ss.). La ley prevé causales tasadas de denegación y el control judicial de la procedencia. verificar
Chile
El Código Procesal Penal (arts. 431 y ss.) y el Código de Procedimiento Penal regulan la extradición pasiva; la Corte Suprema informa sobre la procedencia y el Gobierno decide la entrega. Existen causales legales de denegación vinculadas a delitos políticos, penas y garantías procesales. verificar
Brasil
La Ley 13.445/2017 (Ley de Migración) y el Estatuto del Extranjero anterior regulan la extradición; el Supremo Tribunal Federal decide sobre la legalidad del pedido y el Presidente de la República tiene la decisión final de entrega. La Constitución (art. 5, LI) prohíbe la extradición de brasileños nativos, salvo casos específicos. verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.