Aviso: las propuestas las generan agentes de IA y están
pendientes de revisión legal. No es un proyecto partidario ni reemplaza al Parlamento ni al voto.
«Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros. La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad. (*)»
Es la norma constitucional que fija el marco de la política migratoria y del control de entrada al país; su redacción actual puede amparar lecturas discriminatorias hacia personas con discapacidad o padecimientos de salud mental. La Ley 19.932 de 2020 reglamenta la materia, pero el texto constitucional mantiene una formulación que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad; verificar si existe un debate público o propuesta de reforma reciente en curso.
Diagnóstico del analista: Revisar
El artículo 37 consagra la libertad de entrada, permanencia y salida del territorio uruguayo con los bienes propios, sujeto a las leyes y a no perjudicar a terceros, y remite a la ley la reglamentación de la inmigración, prohibiendo que el inmigrante tenga defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.
La expresión 'defectos físicos, mentales o morales' responde a una concepción eugenésica y estigmatizante de la discapacidad y de la salud mental, incompatible con el modelo de derechos humanos vigente en Uruguay (por ejemplo, la Ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad y la Ley 19.529 de salud mental).
La fórmula 'que puedan perjudicar a la sociedad' es indeterminada y habilita interpretaciones restrictivas o discriminatorias sobre quién puede inmigrar.
El artículo declara libre la entrada de toda persona pero a la vez admite que la ley reglamente la inmigración con base en características personales, lo que genera tensión con el principio de igualdad y no discriminación (artículo 8 de la Constitución).
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo medio
Mínimo cambio: actualizar la terminología obsoleta y estigmatizante sin alterar el alcance de la norma.
Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de discapacidad física, mental o psicosocial que pueda perjudicar a la sociedad. (*)
A favor
Elimina terminología eugenésica y estigmatizante
Mantiene la continuidad constitucional y no requiere reformas de fondo
Alinea el texto con el modelo de derechos humanos vigente en Uruguay
En contra
Conserva la fórmula indeterminada 'que puedan perjudicar a la sociedad'
No resuelve la tensión entre libertad de entrada y reglamentación basada en características personales
Sigue permitiendo lecturas restrictivas sobre quién puede inmigrar
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'mínimo cambio' es correcta en la forma, pero no en el efecto: al sustituir 'defectos' por 'discapacidad física, mental o psicosocial' se conserva la estructura que permite excluir a personas por su condición, ahora con vocabulario técnico que puede dar apariencia de legitimidad a un criterio discriminatorio.
Mantiene la fórmula indeterminada 'que pueda perjudicar a la sociedad', que sigue habilitando interpretaciones restrictivas y discriminatorias.
No aclara si la prohibición es un límite a la ley reglamentaria o una descripción del inmigrante 'deseable'; la ambigüedad persiste.
BRiesgo bajo
Enfoque de derechos humanos: elimina toda referencia a características personales como criterio migratorio y sujeta la reglamentación a la ley y a la no discriminación.
Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, sin que en ningún caso se pueda impedir o restringir la entrada, permanencia o salida por motivos de discapacidad, estado de salud, condición social, origen nacional, étnico o racial, religión, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición personal o social. (*)
A favor
Elimina la base constitucional para criterios migratorios discriminatorios
Refuerza la coherencia con el artículo 8 de la Constitución y los tratados de derechos humanos
Alinea el texto con el enfoque de la Ley 19.932 y de las leyes migratorias regionales recientes (Brasil 2017, Argentina 2003)
En contra
Amplía el contenido constitucional y puede generar debate sobre el alcance de la enumeración
Podría interpretarse como una restricción a la potestad reglamentaria del Estado en materia migratoria
Requiere verificar la compatibilidad con la Ley 19.932 vigente
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'enfoque de derechos humanos' es coherente con el texto, pero conviene precisar que la enumeración de categorías protegidas puede dejar fuera otras no listadas; la cláusula 'cualquier otra condición personal o social' mitiga ese riesgo, aunque su alcance interpretativo queda librado a la ley y a la jurisprudencia.
Puede generar debate sobre si una norma constitucional debe enumerar categorías o remitir directamente a los tratados de derechos humanos ratificados, que ya obligan a Uruguay.
No se verifica en el contexto si la Ley 19.932 vigente contiene ya una prohibición equivalente; si así fuera, la reforma sería declarativa pero no operativa por sí sola. Verificar.
CRiesgo alto
Enfoque de seguridad y control migratorio: mantiene la potestad estatal de reglamentar la inmigración con criterios de protección de la sociedad, pero con terminología actualizada.
Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, la que podrá establecer requisitos y condiciones para el ingreso y permanencia, incluyendo la evaluación de riesgos para la seguridad pública y la salud pública, sin que en ningún caso se pueda impedir la entrada por motivos de discapacidad o estado de salud que no impliquen un riesgo cierto y actual para la sociedad. (*)
A favor
Mantiene la potestad estatal de control migratorio con un estándar más claro
Elimina la terminología eugenésica y la reemplaza por criterios de riesgo verificable
Da base constitucional a la reglamentación de la Ley 19.932 en materia de control
En contra
La fórmula 'riesgo cierto y actual' puede ser interpretada de forma restrictiva
No elimina completamente la posibilidad de lecturas discriminatorias si no se precisa el alcance
Puede generar tensión con el principio de igualdad y no discriminación del artículo 8
Lo que marcó el crítico
La etiqueta 'seguridad y control migratorio' es correcta, pero el texto introduce una habilitación amplia a la ley para establecer requisitos por 'seguridad pública' y 'salud pública', conceptos indeterminados que pueden usarse de forma restrictiva y discriminatoria.
El límite de 'riesgo cierto y actual' es más laxo que el texto vigente en el supuesto de personas con discapacidad o estado de salud: hoy la Constitución prohíbe que el inmigrante 'adolezca' de esas condiciones, mientras que la alternativa permitiría excluir si se alega riesgo, aunque sea discutible. En ese supuesto es más permisivo para el Estado restringir la entrada, no más garantista.
La fórmula 'sin que en ningún caso se pueda impedir la entrada por motivos de discapacidad o estado de salud que no impliquen un riesgo cierto y actual' deja abierta la puerta a que la ley califique ciertas condiciones como riesgo, trasladando la decisión al legislador sin estándar constitucional claro.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto de alternativas se inclina hacia la actualización terminológica y la incorporación de estándares de derechos humanos (A y B), con una sola alternativa de control migratorio (C) que, además, es la que presenta mayores riesgos de ambigüedad y tensión con la no discriminación. No hay una alternativa que represente con fidelidad una propuesta de reforma real del debate, si existiera; el contexto verificado no menciona una propuesta concreta en curso, solo críticas al texto vigente.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
Argentina
Constitución Nacional, art. 25: ordena al gobierno federal fomentar la inmigración europea y no puede restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
Brasil
Constitución de 1988, art. 5, caput y XV: garantiza a brasileños y extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, y en el inciso XV establece que es libre la locomoción en el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo la ley establecer restricciones al ingreso, egreso y permanencia de extranjeros.
España
Constitución de 1978, art. 19: reconoce el derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, sin que pueda limitarse por motivos políticos o ideológicos; el art. 13.1 reconoce a los extranjeros los derechos del título I en los términos de los tratados y la ley, y el art. 13.2 remite a la ley la regulación de la extranjería. verificar
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.