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«El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales. (*)»
Es la base constitucional de la asistencia estatal a personas en situación de vulnerabilidad y de las políticas sobre adicciones y otros 'vicios sociales'; su redacción condiciona cómo se nombra y protege a las personas con discapacidad. La redacción vigente proviene de la reforma constitucional plebiscitada en 1996, por lo que cualquier cambio requeriría otra reforma constitucional.
Diagnóstico del analista: Revisar
El artículo 46 establece que el Estado dará asilo a personas indigentes con inferioridad física o mental crónica que las inhabilite para el trabajo, y que combatirá los vicios sociales mediante ley y convenciones internacionales.
La expresión 'inferioridad física o mental de carácter crónico' responde a un modelo médico-asistencial antiguo y hoy resulta estigmatizante; el lenguaje actual en discapacidad habla de personas con discapacidad y de apoyos, no de 'inferioridad'.
El término 'asilo' en este contexto no refiere al asilo internacional (protección a refugiados) sino a una prestación asistencial; puede prestarse a confusión con el derecho de asilo del artículo 30 de la Constitución.
'Vicios sociales' no está definido en el texto; su alcance depende de la ley y de convenciones internacionales, lo que genera indeterminación sobre qué conductas o fenómenos comprende.
3 alternativas
Cada una con su postura declarada. El riesgo lo marca el agente crítico, no es una recomendación.
ARiesgo bajo
Mínimo cambio: actualizar términos obsoletos o ambiguos sin agregar derechos ni contenido nuevo.
El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su discapacidad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.
El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales. (*)
A favor
Elimina la expresión estigmatizante 'inferioridad' con el menor impacto posible.
No altera el alcance de la prestación ni genera debates sobre nuevos derechos.
Es compatible con el lenguaje de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin necesidad de remitir a ella.
En contra
Mantiene 'asilo', que puede confundirse con el derecho de asilo del artículo 30.
No resuelve la indeterminación de 'vicios sociales'.
Sigue atado a un modelo médico-asistencial al hablar de 'discapacidad... que inhabilita para el trabajo'.
Lo que marcó el crítico
El reemplazo de 'inferioridad' por 'discapacidad' no altera el alcance normativo: la condición sigue siendo 'estar inhabilitado para el trabajo', lo que mantiene el modelo médico-asistencial y el vínculo entre discapacidad e incapacidad laboral, en tensión con el art. 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Uruguay) que prohíbe el modelo de 'deficiencia' como criterio de exclusión.
Mantiene 'asilo', que puede confundirse con el derecho de asilo del art. 30 de la Constitución; no hay riesgo jurídico directo pero sí de interpretación.
No aclara 'vicios sociales', por lo que persiste la indeterminación y el riesgo de que la ley penal o administrativa los defina de forma amplia y restrictiva de derechos (p. ej. vagancia, prostitución, consumo).
BRiesgo medio
Enfoque de derechos: sustituir el modelo médico-asistencial por el de persona con discapacidad y apoyos, y precisar el objeto de la asistencia.
El Estado brindará asistencia y apoyos a las personas indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su discapacidad física o mental de carácter crónico, se encuentren inhabilitadas para el trabajo.
El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales los vicios sociales, entendidos como los fenómenos que afectan la salud, la seguridad o la convivencia, en particular las adicciones.
A favor
Alinea el texto con el enfoque de derechos y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Evita la confusión con el asilo internacional del artículo 30.
Reduce la indeterminación de 'vicios sociales' sin cerrar el catálogo que la ley puede desarrollar.
En contra
Introduce la noción de 'apoyos', que la ley deberá definir y reglamentar.
La definición de 'vicios sociales' puede resultar restrictiva respecto de fenómenos que hoy se abordan por ley.
Requiere reforma constitucional y un debate sobre el alcance de la asistencia no contributiva.
Lo que marcó el crítico
La definición de 'vicios sociales' como 'fenómenos que afectan la salud, la seguridad o la convivencia, en particular las adicciones' es un catálogo abierto que puede habilitar leyes restrictivas de derechos (por ejemplo, sobre consumo de drogas o trabajo sexual) sin los recaudos del art. 7 y 10 de la Constitución; el texto no fija límites de proporcionalidad ni reserva legal calificada.
Introduce 'apoyos' sin definirlos: la remisión a la ley puede vaciar el derecho o dejarlo a discreción administrativa; conviene verificar la compatibilidad con el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (igualdad ante la ley y capacidad jurídica).
Sigue exigiendo 'inhabilitadas para el trabajo' como condición, lo que mantiene el vínculo discapacidad-inactividad laboral y puede chocar con el derecho al trabajo (art. 53 y 54 de la Constitución) y con el art. 27 de la Convención.
CRiesgo alto
Asistencia amplia y no condicionada: garantizar la asistencia a toda persona en situación de indigencia o vulnerabilidad, sin exigir discapacidad ni inhabilitación para el trabajo.
El Estado garantizará la asistencia a las personas indigentes o carentes de recursos suficientes, con independencia de su condición física o mental, y promoverá su inclusión social y laboral.
El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales los vicios sociales.
A favor
Cubre a personas en situación de indigencia que no tienen discapacidad crónica y que hoy quedan fuera de la letra del artículo.
Elimina por completo el lenguaje de 'inferioridad'.
Se aproxima a modelos de asistencia no contributiva amplia, como el brasileño.
En contra
Amplía el universo de destinatarios y puede generar debates sobre costo fiscal y reglamentación.
Desdibuja la referencia específica a personas con discapacidad, que otros textos constitucionales tratan por separado.
Requiere reforma constitucional y una ley que defina los criterios de acceso.
Lo que marcó el crítico
Amplía el universo de destinatarios a toda persona indigente o sin recursos suficientes, lo que puede generar un derecho exigible por vía de amparo (art. 72 de la Constitución) sin que exista asignación presupuestal; el art. 46 vigente no crea un derecho subjetivo autónomo sino un mandato al legislador, y la reforma podría alterar ese equilibrio.
Desdibuja la referencia específica a personas con discapacidad, que en el texto vigente es el núcleo del artículo; si se quiere proteger a las personas con discapacidad, la supresión de la mención puede interpretarse como pérdida de esa protección específica, aunque se gane en universalidad.
La etiqueta 'asistencia amplia y no condicionada' es correcta en cuanto a la ampliación, pero el texto no define 'indigencia' ni 'carencia de recursos suficientes', lo que traslada la indeterminación a la ley y puede generar litigiosidad.
Equilibrio del conjunto, según el crítico
El conjunto de alternativas se inclina hacia la ampliación de derechos y la actualización terminológica: A es mínima, B y C amplían. No hay una alternativa que mantenga el texto vigente sin cambios ni una que opte por una fórmula más restrictiva o que remita la definición de 'vicios sociales' exclusivamente a la ley. La etiqueta 'garantista' no se aplica a ninguna, pero B y C se presentan como superadoras sin que se explicite el costo fiscal ni el riesgo de que la ampliación quede incumplida.
Cómo lo resuelven otros países
País
Qué dice
España
Constitución Española, art. 49: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. (Nota: el texto fue reformado en 2024 para sustituir 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'; verificar la redacción exacta vigente.) verificar
Brasil
Constitución de la República Federativa del Brasil, art. 203: la asistencia social será prestada a quien de ella necesite, independientemente de contribución, y tiene por objetivos, entre otros, la protección a la familia, la maternidad, la infancia, la adolescencia y la vejez, y la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad y su integración en la vida comunitaria (incisos I a V).
Argentina
Constitución de la Nación Argentina, art. 75 inc. 23: corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (Texto incorporado por la reforma de 1994.)
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Revisión legal: pendiente
Hacen falta 2 revisiones coincidentes de personas formadas en derecho. Hasta entonces, tomalo como material de debate.